LA DETENCIÓN ADMINISTRATIVA

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LA DETENCIÓN ADMINISTRATIVA

 

La detención administrativa es un procedimiento que permite a los Ejército israelí detener prisioneros de manera indefinida sin cargos ni juicio. A pesar de que la detención administrativa es usada casi exclusivamente para detener palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados por Israel, los cuales incluyen Cisjordania, Jerusalén Este y la  Franja de Gaza, ciudadanos israelíes y nacionales extranjeros también pueden ser retenidos como detenidos administrativos por parte de Israel (a lo largo de los años, sólo nueve colonos israelíes han sido mantenidos en detención administrativa). Israel emplea tres diferentes leyes para detener individuos sin juicio: 

  • El artículo 285 de la Orden Militar de 1651, que forma parte de la legislación militar aplicada en Cisjordania

  • Ley de encarcelamiento de combatientes ilegales (Ley de Combatientes Ilegales), que se ha utilizado contra los residentes de la Franja de Gaza desde el año 2005 

  • Ley de poderes de excepción (detenciones), la cual se aplica a los ciudadanos israelíes

 

Los palestinos han sido sometidos a la práctica de la detención administrativa desde el comienzo de la ocupación israelí en 1967, e incluso con anterioridad a esta fecha, bajo el Mandato británico de Palestina. La frecuencia del uso de la detención administrativa ha oscilado a lo largo de la ocupación israelí, y se ha producido un constante constante aumento desde el estallido de la Segunda Intifada en septiembre del 2000.

En la víspera de la segunda Intifada, Israel detuvo 12 palestinos bajo detención administrativa. Sólo dos años después, a finales de 2002 - principios de 2003, había más de un millar de palestinos víctimas de detención administrativa.

Entre 2005 y 2007, el promedio mensual de los detenidos administrativos palestinos retenidos por Israel se mantuvo estable en aproximadamente 765. Desde entonces, ya que la situación sobre el terreno se estabilizó y la violencia decayó, el número de detenidos administrativos en general ha disminuido anualmente. Desde el 1 de septiembre de 2012, hubo al menos 212 palestinos de Cisjordania y Jerusalén Este recluidos en situación de detención administrativa, de los cuales 7 eran miembros del Consejo Legislativo Palestino.

 

La detención administrativa en el Derecho Internacional

 

Aunque el derecho internacional de los derechos humanos permite un uso restringido de la detención administrativa bajo determinadas situaciones de emergencia, se exige a las autoridades que sigan unos procedimientos y reglas básicas para llevar a cabo la misma, entre ellos un juicio justo en el que el detenido puede impugnar los motivos de su detención. Por otra parte, para proceder a este tipo de detención, se debe dar como condition sine qua non una emergencia pública que amenace la vida de la nación, y la detención sólo puede ser ordenada de forma individual, caso por caso, sin discriminación de ningún tipo. (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9) 

 

La detención administrativa es la medida más extrema que el derecho internacional humanitario permite a una potencia ocupante a utilizar contra los residentes de los territorios ocupados. Como tal, los Estados no están autorizados a utilizarla de manera generalizada. Al contrario, la detención administrativa solo puede ser utilizada contra las personas protegidas en el territorio ocupado únicamente por "razones imperativas de seguridad " (Cuarta Convención de Ginebra, Art.78).

En la práctica, Israel utiliza de forma rutinaria la detención administrativa violando continuamente  los estrictos parámetros establecidos por el derecho internacional vigente. De forma contundente Israel ha reiterado encontrase bajo un continuo estado de emergencia suficiente para justificar el uso de detenciones administrativas desde su declaración en 1948.

Asimismo, la detención administrativa es utilizada con frecuencia - en contravención directa del derecho internacional – como forma de castigo colectivo y criminal en lugar de como forma de prevención de una posible amenaza futura. Por ejemplo, las órdenes de detención administrativa son emitidas regularmente contra personas sospechosas de haber cometido una infracción o delito después de una infractuosa investigación criminal o tras el fracaso para obtener una confesión durante los interrogatorios. En la práctica, el régimen de detención administrativa llevado a cabo por Israel viola numerosas otras normas de caracter internacional. Por ejemplo, los detenidos administrativos de Cisjordania son deportados del territorio ocupado e internados en Israel, en violación directa a las prohibiciones formuladas en la Cuarta Convención de Ginebra (artículos 49 y 76). Además, los detenidos administrativos se ven a menudo privados de visitas regulares de familiares, en conformidad con las normas de Derecho Internacional, e Israel incumple regularmente la separación de los detenidos administrativos con la población penal ordinaria como exige la ley. Por otra parte, en el caso de los niños detenidos, Israel falla reiteradamente el tener en cuenta el interés superior del niño como demanda el derecho internacional.

 

DETENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA RIBERA OCCIDENTAL: ORDEN MILITAR 1651

En los territorios ocupados de Palestina de Cisjordania, el ejército israelí está autorizado a emitir órdenes de detención administrativa contra los civiles palestinos en  base al artículo 285 de la Orden Militar de 1651. Este artículo faculta a los superiores militares para detener a un individuo por un periodo máximo de seis meses en períodos renovables si se tienen "evidencias razonables para la presunción de que  la seguridad de la zona o la seguridad pública requieren la detención". El artículo no aporta definiciones de "seguridad de la zona" o "seguridad pública". En la misma fecha de vencimiento o con anterioridad a ella, la orden de detención es renovada con frecuencia. No hay tampoco un límite explícito sobre la cantidad máxima de tiempo que un individuo puede ser detenido bajo este tipo de detención administrativa, por lo que este vacío legal para permite las detenciones indefinidas de manera legal.

Las órdenes de detención administrativa son emitidas en el momento de la detención o incluso en fechas posteriores y a menudo se basan en "informaciones confidenciales" compiladas por la Agencia de Seguridad Israelí (antes conocida como el Servicio de Seguridad General). En la gran mayoría de los casos, ni el detenido ni su abogado son informados de los motivos de la detención o se les faculta el acceso a la "información secreta".

 

Un detenido/a palestino/a sometido/a a una orden de detención administrativa debe ser llevado ante un tribunal militar en una audiencia a puerta cerrada dentro de los ocho días posteriores a su detención, donde incluso un único juez militar puede mantener, reducir o cancelar la orden de detención. En la mayoría de casos, sin embargo, las órdenes de detención administrativa son confirmadas para los mismos períodos a aquellas solicitadas por el comandante militar. En profunda contradicción con la posibilidad de apelación en teoría ofrecida al detenido para apelar la decisión en una revisión judicial, la gran mayoría de los recursos son rechazados en la práctica.

En comparación, la detención administrativa bajo el derecho interno israelí requiere al detenido la comparecencia en 48 horas ante un juez, y las órdenes pueden ser sólo emitidas por períodos de máximo tres meses.

En la práctica, los palestinos pueden ser detenidos durante meses, o incluso años, en virtud de las órdenes de detención administrativa, sin serles notificadas las razones o la duración de su detención. Es una práctica rutinaria que los detenidos sean informados de la prórroga de su detención en el mismo día en que la orden anterior expira. Bajo los procedimientos de detención administrativa existentes, los palestinos no poseen ningún medio eficaz con el cual puedan impugnar su detención administrativa.

 

DETENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FRANJA DE GAZA: LEY  DE COMBATIENTES ILEGALES

 

En la Franja de Gaza, Israel utiliza la Ley de Combatientes Ilegales para retener palestinos durante un período ilimitado de tiempo, sin una revisión judicial efectiva. La ley fue aprobada por la Knesset (Parlamento israelí) en 2002 con el fin de permitir al Estado continuar reteniendo libaneses “útiles para las negociaciones como moneda de cambio " detenidos después de que el Tribunal Supremo de Israel dictaminase como  ilegal tal práctica.  A pesar de que todos los detenidos libaneses fueron puestos en libertad en 2004, la ley no fue revocada. En su lugar, a partir de 2005, después de la "desvinculación" unilateral de Israel de la Franja de Gaza y el fin de la aplicación de las instrucciones militares israelíes allí, comenzó a ser utilizado para detener a los residentes de la Franja de Gaza.

La Ley de Combatientes Ilegales permite una detención amplia y rápida sin la realización de un juicio a un gran número de ciudadanos extranjeros y palestinos residentes en la Franja de Gaza. Hasta la fecha, la ley se ha utilizado para detener a 54 personas, incluidos 15 ciudadanos libaneses y 39 habitantes de Gaza, la mayoría de los cuales fueron detenidos durante la ofensiva militar que tuvo lugar durante el invierno de 2008-2009 por parte de Israel contra Gaza denominada "Operación Plomo Fundido" por las Fuerzas de Defensa Israelíes, y que desde entonces han sido puestos en libertad. En la fecha de abril de 2012, Israel continuaba manteniendo una persona natural de Gaza bajo esta ley

 

Los detenidos bajo esta ley pueden ser detenidos por 96 horas antes de la emisión oficial de una orden de detención permanente, o hasta siete días si el gobierno declara la "existencia de hostilidades a gran escala". La revisión judicial de una orden en una audiencia a puerta cerrada debe tener lugar dentro de los 14 días de su emisión; si es aprobada, el detenido debe ser llevado ante un juez una vez cada seis meses. Si el tribunal considera que su liberación no dañará la seguridad del Estado, el juez deberá cancelar la orden.

En la práctica, la Ley de Combatientes Ilegales contiene menos protecciones para los detenidos incluso que las pocas que se conceden en virtud de las órdenes de detención administrativa en Cisjordania. Por citar algunos ejemplos, la revisión judicial se realiza con menos frecuencia; la legalidad de la detención no requiere la existencia de un estado de excepción; y  la detención "se lleva a cabo en cumplimiento de una orden emitida por el jefe de personal o por un funcionario con el rango de general de división". Además, la ley establece dos presunciones preocupantes que desplazan la carga de la prueba al detenido: en primer lugar, la liberación de una persona identificada como "combatiente ilegal " perjudicará a la seguridad nacional a menos que se demuestre lo contrario; segundo, se presume que la organización a la que pertenece el detenido lleva a cabo hostilidades, si el ministro de Defensa Israel lo ha determinado como tal, salvo prueba contraria.

Esta práctica claramente viola el derecho del acusado a la presunción de inocencia en cualquier procedimiento penal, y da como resultado un sistema de detención indefinida justificada por meras especulaciones y que cargan  pesadamente contra el detenido

POSICIÓN DE ADDAMEER RESPECTO A LA DETENCIÓN ADMINISTRATIVA

  • El gobierno de Israel debe liberar a todos los detenidos administrativos;
  • Mientras no sea así, los detenidos administrativos deberán poder disfrutar de sus derechos, en conformidad con el derecho internacional;
  • El gobierno de Israel debe cesar inmediatamente el uso de la encarcelación a través de la Ley de Combatientes Ilegales y tomar medidas para derogarla;
  • Los estados miembros de la UE deberían interesarse por los casos de los detenidos administrativos y abordarlos con el Gobierno de Israel en el marco del diálogo político UE-Israel