En 2022, en el día de las Personas Palestinas Presas, 4.450 prisioneros y prisioneras son privadas de su libertad, detenidas en las cárceles de la Ocupación Israelí

Este año, la jornada se produce en medio de la escalada de los ataques israelíes contra el pueblo palestino, 4.450 prisioneros y prisioneras son privadas de su libertad, detenidas en las cárceles de la Ocupación Israelí  

Cada año, el día 17 de abril se conmemora el día de las Personas Palestinas Presas, establecido por el Consejo Nacional Palestino en 1974. La jornada se presenta como un tributo nacional para honrar a los miles de prisioneros y prisioneras palestinas en las cárceles de la ocupación israelí, así como para apoyar su derecho legítimo a la libertad. Este año 2022, dicha conmemoración ha coincidido con la escalada de ataques de la ocupación israelí contra la población palestina, que significa –desde hace años- una exacerbación constante de los crímenes sistemáticos y de las violaciones de derechos humanos perpetrados por la ocupación israelí contra el pueblo palestino. En la actualidad, el régimen de ocupación israelí retiene a 4.450 personas palestinas dentro de sus cárceles, entre las cuales se encuentran 32 mujeres, 160 niños y niñas y, finalmente, 530 personas presas en detención administrativas, sin cargos ni juicio.

Las cifras que describen la situación de las personas palestinas presas

Desde el inicio del 2022, las Fuerzas de Ocupación Israelí (FOI) han detenido a más de 2.140 personas palestinas. La mayoría de las detenciones han tenido lugar en las ciudades de la Palestina ocupada de Jerusalén y Yenín. El número de detenciones ha aumentado considerablemente durante el mes de marzo de 2022 y se ha intensificado, aún más, con el inicio del mes sagrado del Ramadán (principios del mes de abril). Por todo lo anterior, el 15 de abril de este año se alcanzó el número más alto de detenciones, cuando las FOI asaltaron la mezquita de Al-Aqsa durante la oración del amanecer y llevaron a cabo más de 450 detenciones. Esta cifra evidencia una campaña de detenciones masiva y arbitraria contra el pueblo palestino que incluyó la detención de un gran número de niños y niñas.

Resulta alarmante que la escala de los ataques y de las detenciones arbitrarias en la ciudad de Jerusalén invoca al recuerdo, aún presente, de los ataques israelíes del año pasado que impulsaron el Levantamiento por la Unidad Palestina, en mayo de 2021. Como consecuencia de este movimiento se experimentó un aumento en masa de las detenciones y del encarcelamiento, así como un crecimiento de la violencia contra el pueblo palestino en toda la Palestina ocupada.

En abril de 2022, las cifras siguen siendo alarmantes: 600 prisioneras y prisioneros palestinos se encuentran dentro de la cárcel con algún tipo de patología y/o enfermedad, entre las cuales 200 personas han sido diagnosticadas con algún tipo de enfermedad crónica y 22 con cáncer, con tumores de diferentes grados. El caso más peligroso de todos ellos, es el del preso Nasser Abu Hamid, que se encuentra en estado crítico en lucha contra un cáncer de pulmón.

Este año el número de mártires dentro de las cárceles ha alcanzado los 227 prisioneros y prisioneras, entre las que se incluye la muerte de Sami Al-Amour debido a una negligencia médica deliberada –una manera lenta y cruel de matar. Además, se tiene que tener en cuenta que un centenar de personas palestinas han muerto tras su puesta en libertad, como resultado de una enfermedad que contrajeron dentro de la cárcel. Este es el prominente caso de Hussein Masalma, que murió poco después de que las autoridades de la ocupación israelí dictaran su puesta en libertad, tras estar sometido –por años– a la negligencia médica de los Servicios Penitenciarios Israelíes (IPS). Este año, el número de prisioneros y prisioneras palestinas que han muerto debido a la negligencia médica deliberada ha alcanzado las 72 personas.

Por otro lado, como parte de la práctica sistemática y cruel israelí del empleo de la necropolítica, la ocupación israelí continúa reteniendo a los cuerpos de ocho personas palestinas que murieron cuando cumplían con sus condenas dentro de la cárcel. Entre ellos Anis Doula en la prisión de Ashkelon en 1980; Aziz Owisat en 2018; Fares Baround, Nassar Taqtatqa y Bassam Al-Sayed que murieron el año 2019; Sa’di Al-Gharabli y Abu Wa’r en 2020; y más recientemente, en 2021, Sami Al-Amour.

En la actualidad, 25 personas palestinas que fueron detenidas antes de los Acuerdos de Oslo permanecen aún en la cárcel. Los más mayores de todos ellos: Karim Younis y Maher Younis, que llevan encarcelados desde el año 1983; y el preso Nael Barghouthi, que cumple con la condena más larga en la historia de las personas palestinas presas, siendo este su 42a año dentro de la cárcel de la ocupación israelí. Antes de que saliera de la cárcel el año 2011, fruto de un acuerdo de intercambio de presos, Nael Barghouthi pasó 34 años consecutivos en la cárcel. Años más tarde de su puesta en libertad, en 2014, las fuerzas de ocupación lo volvieron a detener y encarcelar donde sigue hasta el día de hoy.

En este momento la ocupación israelí tiene encerrados en la cárcel a ocho representantes del Consejo Legislativo Palestino (PLC), entre los cuales se encuentran: Marwan Al-Barghouthi y Ahmad Sa’adat. Asimismo, las autoridades israelíes continúan deteniendo a periodistas, de los cuales 11 de ellos se encuentran en la actualidad entre rejas.

Los crímenes y prácticas más destacadas empleadas por la ocupación israelí contra las personas palestinas presas

Régimen de Aislamiento

A finales de marzo de 2022, se ha alcanzado un total de 29 prisioneros y prisioneras palestinas en régimen de aislamiento, cifra que ha significado un aumento notable del número de personas presas sometidas a este régimen. Las últimas cifras marcan el porcentaje más alto de personas presas aisladas desde el año 2012. Entre estas se encuentran los seis presos que fueron recapturados tras escapar de la cárcel de Gilboa en 2021. Es importante destacar que, una parte de las personas presas bajo aislamiento padece graves problemas psicológicos y de salud debidos a los abusos sistemáticos, así como la tortura física y psicológica, que han sufrido por años a lo largo de sus condenas. El preso que estuvo más tiempo en régimen de aislamiento fue Muhammad Khaleel de Al-Mazra’a Al-Gharbiyeh (Ramallah), que pasó más de 15 años en aislamiento.

La política de aislamiento (también conocida como confinamiento en solitario) es una de las prácticas sistemáticas más peligrosas que pretenden trastocar la estructura social y organizativa de la persona presa, ya que esta se encuentra encerrada en una celda que carece de las condiciones mínimas para la vida y la condición humana, se le impide recibir visitas de sus familiares, se les despoja de todas sus pertenencias y solamente se le permite salir al patio de la cárcel, esposado y solo. Históricamente, las autoridades de la ocupación israelí han utilizado el régimen de aislamiento contra los líderes del Movimiento de Personas Presas Palestinas, especialmente bajo la orden de los servicios de inteligencia israelí. Hoy en día, el caso más destacado de la imposición de dicho régimen es el caso de Mahmoud Issa, que lleva más de 13 años aislado, como una medida punitiva contra toda la comunidad de personas palestinas presas. 

Castigo Colectivo

En 2021, la fuga de la cárcel de Gilboa marcó un paso simbólico y práctico en el desafío del régimen de la ocupación israelí, así como de su institución carcelaria. Como represalia, los Servicios Penitenciarios Israelíes dictaron una serie de sanciones contra los seis fugitivos (recapturados): Mahmoud y Muhammad Al-Ardah, Zakaria Al-Zubaidi, Yacob Qadri, Ayham Kammaji y Munadil Infaat. Una vez se recapturaron a los seis fugitivos, estos fueron sometidos a violencia física y a un empeoramiento de sus condiciones en la cárcel, entre las que destaca el aislamiento completo del mundo exterior (régimen aislamiento). Aun en la actualidad, las autoridades de la ocupación israelí continúan con su persecución y juicio, a pesar de que su intento por escapar y liberarse no constituye una violación de ninguna de las provisiones del Derecho Internacional Humanitario.  

Asimismo, tras la fuga de la cárcel de Gilboa, las autoridades de la ocupación israelí y los Servicios Penitenciarios Israelíes aprobaron, de manera ilegal, una serie de sanciones colectivas contra toda la población palestina presa. Entre estas sanciones se incluyeron el confinamiento de todas las secciones de las cárceles, así como de sus cantinas; el cierre completo de la cárcel de Gilboa; el traslado forzoso de más de 350 prisioneros y prisioneras a lugares desconocidos entre las cárceles israelíes, así como el traslado en masa de prisioneras y prisioneros palestinos relacionados o asociados con el movimiento de la Yihad Islámica; la imposición del régimen de aislamiento para los líderes políticos más destacados dentro de la cárcel; y, finalmente, la realización de redadas y asaltos violentos, por parte de las fuerzas especiales israelíes, contra la población palestina, ataques que tuvieron lugar en un gran número de cárceles israelíes, especialmente en la cárcel del Naqab.

En consecuencia, el Movimiento de Personas Palestinas Presas conformó un “Comité Nacional de Emergencia,” que contaba con la representación de todas las facciones políticas dentro de la cárcel y tenía el objetivo de coordinar la acción y la toma de decisiones colectivas entre estas. Hasta el momento, este comité ha planteado un amplio programa de desobediencia y resistencia como protesta por las graves vulneraciones, aprobadas y perpetradas por los Servicios Penitenciarios Israelíes (IPS). En los últimos meses, la acción de dicho movimiento ha variado de manera irregular, hasta que el mes de febrero de 2022 alcanzó su momento más álgido cuando las IPS impusieron una serie de restricciones arbitrarias. Estas restricciones constaban con la limitación del acceso de las personas presas al patio de la cárcel y la intención de empezar a aplicar el traslado forzoso de todas los prisioneros y prisioneras palestinas con la intención de que ninguna persona pudiera permanecer más de seis meses en la misma celda, módulo o incluso cárcel. Estas restricciones dieron lugar a diferentes repuntes de desobediencia colectiva y a negociaciones, tras las cuales el Movimiento de Personas Presas Palestinas anunció una serie de demandas junto con el inicio inminente de una huelga de hambre masiva. En este caso particular, la población presa logró satisfacer sus demandas un día antes del anunciado comienzo de la huelga de hambre.

El crimen que constituye la Detención Administrativa: Más de 500 personas palestinas presas en detención administrativa boicotean los tribunales militares de Israel.

Desde el inicio de este año 2022, las autoridades de la ocupación israelí han emitido un total de 400 órdenes de detención administrativa, la mayoría de las cuales han constado de renovaciones de órdenes existentes contra personas presas. En marzo de 2022 se alcanzó el número más elevado de órdenes de detención administrativa, con un total de 195 órdenes.

Las autoridades de la ocupación israelí emplean de manera sistemática la práctica de la detención administrativa, que permite la detención de manera indefinida, sin cargos ni juicio; y lo hace contra todas las facetas de la sociedad Palestina, donde se incluyen estudiantes, periodistas, mujeres, niños y niñas, personas mayores, enfermas y heridas. En consecuencia, las personas presas en detención administrativa son retenidas en la cárcel sin ningún cargo contra de su persona o sin un proceso judicial para su caso. La detención administrativa se ordena en base a un “expediente secreto” al que la persona detenida ni su representante legal tienen acceso.

Al contrario de lo mencionado, el comandante militar israelí es el único responsable de emitir una orden de detención administrativa, que se somete a la revisión judicial ante un tribunal militar. Dichos procedimientos se realizan en audiencias a puerta cerrada que carecen de cualquier garantía para un juicio justo. En el transcurso de estos procedimientos (Audiencias de Confirmación), la mayoría de las órdenes de detención administrativa se aprueban o reducen, de manera muy leve, su duración. El sistema judicial israelí desempeña un papel integral en facilitar y promover la práctica de la detención administrativa y, de manera más general, en sostener y alimentar la imposición del amplio aparato de apartheid israelí en los territorios ocupados palestinos.

Las personas palestinas presas en detención administrativa – más de 500 personas en la actualidad – anunciaron su boicot masivo, colectivo e integral contra los tribunales militares israelíes (incluido el Tribunal Supremo de Israel), en respuesta a la práctica de la detención administrativa, altamente extendida e impuesta de manera sistemática y arbitraria. Dicho boicot colectivo se enmarca bajo la campaña “Nuestra Decisión es la Libertad… No a la Detención Administrativa” que empezó el 1 de enero de 2022. La campaña en marcha boicotea a los tribunales israelíes y así lo ha hecho durante más de 100 días consecutivos, un boicot colectivo e integral que continua vigente en la actualidad.

Los últimos acontecimientos en Ucrania han puesto sobre la mesa, con razón, el debate sobre la rendición de cuentas por las vulneraciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, en la actualidad se ha puesto en evidencia un excepcionalismo remarcable en el silencio, que han tenido y tienen, los Estados y las terceras partes involucradas respecto a los crecientes crímenes, de alta gravedad, de la ocupación militar y régimen de apartheid israelí contra el pueblo palestino, que duran desde hace décadas.

Hoy, más que nunca, es el momento para que la comunidad internacional cumpla con sus responsabilidades escritas en el derecho internacional y respete su compromiso legal y moral para reclamar y promover la protección de los derechos humanos del pueblo palestino, en el marco extenso de su derecho para la autodeterminación.

La Comunidad Internacional debe terminar con el silencio y exigir responsabilidades ante la ocupación israelí, por sus continuas y graves violaciones tanto del Derecho Internacional de Derechos Humanos como del Derecho Humanitario Internacional. Romper con el silencio es necesario para mantener la paz y la justicia global, en nombre y beneficio de todas las personas palestinas; con un énfasis especial en la situación de los presos políticos en prisión, en su afán y lucha por sus derechos de libertad, justicia y dignidad.

Álzate y pasa a la acción con la Sociedad Civil Palestina