Durante el año 2021, la ocupación y el régimen de apartheid de Israel ha empleado una violencia extraordinaria contra el pueblo palestino; entre las prácticas empleadas destaca la escala de las detenciones y arrestos arbitrarios de la población palestina (hombres, mujeres, niños y niñas), como un factor clave de dicha violencia. Especialmente, dentro de este contexto carcelario, las autoridades de la ocupación israelíes han aumentado la dependencia y el empleo de la práctica de detención administrativa. Este procedimiento significa la detención indefinida del individuo, sin cargos ni juicio, sobre la base de “información secreta.” A finales de 2021, se calculó que el comandante militar israelí responsable del Área de Cisjordania emitió un total de 1.595 órdenes de detención administrativa, entre las cuales se incluyen las renovaciones de órdenes anteriores y la emisión de nuevas.

Cada vez más, la ocupación israelí ha utilizado la detención administrativa como una medida de tortura –arbitraria, coercitiva, y punitiva- contra centenares de personas palestinas en prisión. Este aumento –continuo hasta la actualidad- se ha producido paralelamente con la campaña de hostigamiento sistemático contra la sociedad civil palestina, perpetuado por el régimen de ocupación y de apartheid israelí. Un ejemplo actual de esta criminalización tuvo lugar en octubre de 2021, con el ataque contra seis organizaciones de la sociedad civil palestina (OSC). De principio a fin, el sistema judicial militar israelí representa un papel integral e importante en facilitar la ampliación y aplicación de la detención administrativa. En términos más generales, dicho sistema apoya y promueve el establecimiento y mantenimiento del aparato completo de apartheid israelí sobre los territorios ocupados.

Cada vez más, las autoridades de la ocupación israelíes recurren a la detención administrativa para silenciar a defensores de derechos humanos, estudiantes, activistas políticos, y también atacar a niños y niñas. A menudo, esta política se aprovecha para castigar a las personas palestinas que se encuentran realizando huelgas de hambre destacables, en protesta por su situación de detención administrativa; como es el caso de Hisham Abu Hawash. La implementación de esta política también se aprovecha para acosar y coaccionar –aún más- a ex presos políticos palestinos puestos en libertad; como es el caso actual del abogado Bashir Khairi. En el año 2021, se documentó que seis niños y niñas palestinas, tres mujeres, y ocho miembros del Consejo Legislativo Palestino (CLP) estuvieron en detención administrativa.

El 20 de diciembre de 2021, un total de 500 personas palestinas presas en régimen administrativo anunciaron el boicot colectivo e integral contra los tribunales militares de Israel, efectivo desde el 1 de enero de 2022. El boicot se incluye dentro de la campaña ‘Nuestra decisión es la libertad… no a la detención administrativa.’[1] Esta acción se produce como consecuencia de los acontecimientos mencionados anteriormente, ya que todos estos representan y materializan una estrategia peligrosa, perpetuada por la ocupación israelí para reprimir todas las facetas de la vida palestina y de su lucha por la libertad. La campaña de boicot se centra en los tribunales militares a todos los niveles posibles: los tribunales de primera instancia, los tribunales de apelación, y el Tribunal Supremo (civil) de Israel. Por consiguiente, de ahora en adelante las personas palestinas detenidas en régimen administrativo se negarán a participar en los procedimientos y las audiencias judiciales; y sus representantes legales no asistirán ni participarán en el desarrollo de los procedimientos judiciales en su nombre.

En línea con el boicot de las personas palestinas detenidas en régimen administrativo contra los tribunales militares de Israel, Addameer [la organización firmante] quiere dar voz al llamamiento a la solidaridad, e insistir y pedir a las instituciones, locales e internacionales de derechos humanos y a los Estados implicados, que exijan al régimen de ocupación y de apartheid israelí poner fin a su política de detención administrativa; y pongan en libertad a todas las personas que se encuentran, en la actualidad, bajo la detención administrativa en las cárceles de la ocupación israelí.

La ilegalidad que constituyen los tribunales militares israelíes va un paso más allá de la grave violación del derecho a un juicio justo, ya que la base y jurisdicción de estos se establece por sí misma como una violación de las normas y los principios internacionales. Por otra parte, el sistema judicial militar israelí está vinculado, por naturaleza, con el uso de malos tratos y tortura contra la población palestina; especialmente durante el proceso y desarrollo del interrogatorio.

La lucha y el compromiso para mejorar las normas para un juicio justo e imparcial en los tribunales militares israelíes es importante y relevante. Por todo ello, la implicación y todos los esfuerzos posibles son necesarios para poner fin al proceso judicial de civiles palestinos en los tribunales militares de Israel, para así, finalmente, terminar con la ocupación israelí. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de poner punto final a su silencio constante, y tomar acciones para que la ocupación israelí asuma responsabilidades por las graves violaciones de las normas internacionales de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Estas acciones son imprescindibles para mantener la paz y la justicia global, en nombre y beneficio del pueblo palestino; con un énfasis especial en la situación de los presos políticos en prisión, en su afán y lucha por sus derechos de libertad, justicia y dignidad.