ARRESTO Y PERSECUCIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Julio 2017

La Declaración de la ONU de los defensores de los derechos humanos los define como aquellos individuos que poseen un papel importante en la promoción de la causa de los derechos humanos a través de actividades tales como la documentación de las violaciones de los derechos humanos, la prestación de apoyo y asistencia a las víctimas en situación de auxilio, la lucha contra la cultura de la impunidad, y la integración de la cultura de los derechos humanos a nivel internacional y nacional.

Las personas palestinas que participan y organizan protestas y manifestaciones contra el Muro y los asentamientos son ampliamente reconocidos como defensoras de los derechos humanos debido a sus esfuerzos por involucrar a la sociedad civil en métodos pacíficos de resistencia para así acabar con las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional y con las prácticas de la confiscación de tierras, la demolición de viviendas o las restricciones de movimiento de la población palestina llevadas a cabo por Israel. Israel ha adoptado una política de arresto, detención, intimidación, amenazas y, a veces, castigos colectivos contra aquellas comunidades que participan en las manifestaciones semanales y en otras acciones no violentas contra el Muro y los asentamientos. Los líderes activistas palestinos de derechos humanos- figuras reconocidas como alcaldes, maestros y miembros de los Comités Populares- son fundamentales en la coordinación de las protestas semanales y de las actividades de promoción, incluyendo los casos legales y, a menudo, son señalados y arrestados en un intento de aislarlos de la organización de las protestas, o para desacreditar sus esfuerzos y a ellos mismos. Los cámara y fotógrafos locales, así como miembros de la prensa, también se encuentran dentro del radar. En 2011, hubo al menos 295 casos documentados de detención de defensores de los derechos humanos, 58 de los cuales eran menores de 18 años.

Algunos de los manifestantes y defensores de los derechos humanos son procesados ​​en los tribunales militares israelíes bajo la Orden Militar 101 que fue emitida por el comandante militar israelí en agosto de 1967 y que todavía está en vigor en la Cisjordania ocupada, a pesar del Acuerdo de Oslo y del comienzo del Proceso de Paz. La orden Militar 101 criminaliza muchas actividades cívicas; incluyendo la organización y participación en protestas, la participación en asambleas o vigilias, la enarbolación de banderas u otros símbolos políticos, y la impresión y/o distribución de material político. Además, la orden clasifica cualquier acto de sensibilización de la opinión pública como “incitación política”. Bajo el título de "apoyo a una organización hostil", la orden también prohíbe cualquier actividad que muestre simpatía por una organización considerada ilegal bajo las órdenes militares, ya sea coreando consignas, portando una bandera o mediante otros símbolos políticos.

A pesar de la falta de pruebas o testigos independientes, y de la vaga o vacía base de los cargos reclutados en contra de defensores de los derechos humanos, la gran mayoría de los activistas han sido declarados culpable de haber cometido un "delito contra la seguridad" y han sido condenados a una pena de prisión. En los tribunales militares israelíes, el ​​derecho inalienable del acusado a un juicio justo nunca se ha ratificado. Los testimonios de los soldados y, en ocasiones, las fotos de las personas en una manifestación, son muy a menudo suficiente para que un individuo sea declarado culpable de un delito en virtud de las órdenes militares que gobiernan Cisjordania. Si, además, el detenido ha sido coaccionado a firmar una confesión, invariablemente será condenado y pasará su condena en una cárcel militar.

Las fuerzas de ocupación israelíes arrestaron a 11 periodistas desde el comienzo de 2017, alcanzado así la cifra de 24 periodistas detenidos en cárceles israelíes. Estos arrestos y persecuciones alcanzaron a decenas de activistas de derechos humanos, la mayoría de los cuales estuvieron bajo detención administrativa; entre ellos Hasan Safadi, nuestro compañero y coordinador de medios en Addameer, arrestado el 1 de mayo de 2016 cuando estaba cruzando el puente Al-Karameh a su regreso a Palestina.

Entre las personas defensoras de los derechos humanos que han sido arrestadas y detenidas se encuentra también Khalida Jarrar, parlamentaria del Consejo Legislativo Palestino y Khitam Saafit, presidenta del Comité de Unión de Mujeres Palestinas. Ambas fueron arrestadas el 2 de julio de 2017 y puestas bajo detención administrativa. Las personas que defienden los derechos humanos sufren múltiples formas de discriminación y de castigos arbitrarios tiempo después de haber sido puestas en libertad. Las autoridades de Israel les niegan constantemente, a ellas y a sus familiares, los permisos, sufren persecución e intimidación, detenciones, preguntas en los checkpoints, difamación y, en algunos casos, vuelven a ser arrestadas.

Periodistas arrestados por las fuerzas de ocupación hasta el 31 de julio de 2017:

El caso de Hasan Safadi

Las fuerzas de ocupación arrestaron al periodista y coordinador de medios de Addameer Hasan Safadi en el puente de Al Karameh el 1 de mayo de 2016; fue detenido hacia las 4 de la madrugada. Le pararon en el puente tras ser reconocido por un soldado. Le registraron en un cuarto de vigilancia del puente y después fue transferido al Centro de Interrogación de Moskobiyyeh. Safadi volvía a casa de la Conferencia de Jóvenes Árabes en Tunicia, donde se abordaron temas de derechos humanos y sociales de la región.

Durante los 40 días de interrogatorio, Hasan Safadi sufrió privación del sueño, largos interrogatorios en los que fue sometido a posiciones de estrés con las manos atadas, amenazas, gritos y falta de comida adecuada. Además, el permiso para ver a un abogado le fue denegado durante 10 días (12 al 22 de mayo de 2016) así como las visitas familiares, por lo que su familia no pudo verlo hasta el 7 de junio de 2016 durante la vista del juicio.

Durante los interrogatorios, las fuerzas de la ocupación expidieron una orden contra el caso de Safadi y se hicieron vistas de juicio cerradas. La fiscalía infló las acusaciones contra Safadi, a pesar de ser evidente que no tenían pruebas para mantenerlo detenido.

Safadi tenía que haber sido liberado el 10 de junio de 2016 según la decisión del Tribunal Magistral de Jerusalén pagando una fianza de 2500 NIS y garantías a terceros, que ya había pagado. Sin embargo, más tarde, el mismo día, el ministro israelí Avigdor Lieberman firmó una orden de detención administrativa contra Safadi, que automáticamente anuló la decisión del tribunal de ponerle en libertad.

La orden de detención administrativa contra Safadi ha sido renovada dos veces, la última vez el 8 de junio de 2017.