Desde el 1 de enero de 2022, fecha que marcó el inicio de la campaña de boicot colectivo “Nuestra decisión es la libertad… No a la Detención Administrativa,” 490 personas palestinas en detención administrativa han completado tres meses (90 días) de su boicot masivo, colectivo e integral contra los tribunales militares israelíes. El boicot se produce en medio de la escalada del número de detenciones administrativas, dictadas por las autoridades de la ocupación israelí, contra la población palestina; en particular contra de defensores de los derechos humanos, estudiantes, representantes políticos y ex presos.

En los últimos años, las autoridades de la ocupación israelí han recurrido, cada vez más, a la detención administrativa; un procedimiento en el que las personas detenidas son retenidas indefinidamente sin cargos ni juicio, bajo “información secreta.” Esta política se emplea como una medida arbitraria, coercitiva y punitiva contra cientos de personas palestinas presas. Entre 2017 y 2021, las autoridades de la ocupación israelí han emitido un total de 5.728 órdenes de detención administrativa contra la población palestina de los territorios ocupados. En 2021, en medio del aumento de los arrestos y las detenciones arbitrarias masivas de la ocupación y régimen de apartheid israelí en respuesta al Levantamiento de la Unidad Palestina, se dispararon por completo el número de detenciones administrativas con  la emisión de 1.695 órdenes. Además, dicho repunte se produjo en paralelo con la persecución sistemática y la criminalización arbitraria de seis organizaciones punteras de la sociedad civil Palestina (OSC), en octubre de 2021, por parte de la ocupación israelí.

A pesar de que en enero de 2022 las personas palestinas en detención administrativa iniciaron su boicot colectivo contra los tribunales militares israelíes; a día de hoy las autoridades de la ocupación israelí siguen intensificando el empleo de la detención administrativa. Entre enero y febrero de 2022, las autoridades de la ocupación israelí han emitido un total de 203 órdenes de detención administrativa, entre las cuales 51 constaban de nuevas órdenes y las 124 restantes eran renovaciones. Recientemente, el 29 de marzo de 2022, las autoridades de la ocupación israelí anunciaron sus intenciones de aumentar el empleo de la detención administrativa contra la población Palestina con ciudadanía israelí en los territorios ocupados del 1948.

Junto con su boicot, las personas palestinas en detención administrativa han tomado medidas adicionales dentro de las cárceles como protesta por su detención administrativa arbitraria. El 1 de marzo de 2022, las personas palestinas en detención administrativa que padecen algún tipo de enfermedad se negaron a tomaron su medicación durante una semana entera. Días más tarde, entre el 6 y el 8 de marzo, las personas palestinas en detención administrativa en las cárceles de Meggido, Ofer y Naqab devolvieron una de sus comidas durante tres días consecutivos en lo que significó una protesta continua. Asimismo, el 10 de marzo, las personas integrantes de la campaña de boicot se negaron a ponerse de pie para el “recuento” de presos de la noche, enviando un mensaje de protesta. El 15 de marzo, el movimiento de personas palestinas presas al completo – que incluye a las personas en detención administrativa, así como a los miles de presos políticos palestinos recluidos en las cárceles israelíes – devolvieron sus tres comidas y lo hicieron en todas las cárceles israelíes como muestra de apoyo a la campaña de boicot de las personas palestinas en detención administrativa contra los tribunales militar de Israel.

A pesar de que las medidas adoptadas por las personas palestinas en detención administrativas son múltiples y severas, y quieren poner en evidencia la farsa y el papel absurdo que los tribunales militares de Israel desempeñan en la mediación con el comandante militar israelí en la emisión arbitraria y extensiva de las órdenes de detención administrativa; a día de hoy, las autoridades y los jueces militares de la ocupación israelí siguen y proceden con la emisión y confirmación de nuevas órdenes de detención administrativa, así como con la renovación de órdenes ya existentes. En la actualidad, durante las audiencias de confirmación, los jueces militares israelíes suelen declarar que “confirmamos que la persona detenida se niega a presenciarse en el tribunal militar, pero que, sin embargo, no podemos ignorar la posible amenaza que esta persona puede suponer para la seguridad de la región.”[1]

Entre los 490 casos se encuentra Amal Nakhleh, en la cárcel en detención administrativa desde el 21 de enero de 2021, cuando Amal fue detenido de su hogar con tan sólo 17 años. Más aún de su edad, el joven padece de un trastorno neuromuscular poco conocido. El 18 de enero de 2022, se celebró una audiencia de confirmación en los tribunales militares israelíes para renovar la orden de detención administrativa de Amal, que significa la tercera renovación desde su detención. La orden se renovó sin tener en cuenta la negativa del joven por comparecer ante el tribunal y de su participación en el boicot colectivo contra los tribunales militares.

Del mismo modo, cinco estudiantes universitarios se encuentran retenidos en detención administrativa de manera arbitraria, y forman parte de la campaña de boicot colectivo, entre ellos: Hamza Zalloum (con una orden de detención administrativa de 6 meses); Naman Hamed (con una orden de detención administrativa de 5 meses); Nader Oweidat, Sufian Miqdadi y Yahya Alawi (con una orden de detención administrativa de 4 meses); y Mohammad Khatib (con una orden de detención administrativa de 3 meses).[2]

En las últimas semanas, el 7 de marzo de 2022, las Fuerzas de Ocupación Israelí (FOI) arrestaron de manera violenta al defensor de derechos humanos y abogado de Addameer, el palestino-francés Salah Hammouri; prolongando su detención y finalmente dictando una orden de detención administrativa de tres meses contra de su persona. Desde los 15 años, Salah ha sido objeto de la persecución israelí y se ha enfrentado a un acoso judicial y administrativo continuo de las autoridades de la ocupación israelí, que ha incluido: cárcel y detenciones arbitrarias, prohibición para viajar, separación de su familia, vigilancia de sus dispositivos y la revocación ilegal de su residencia permanente en la ciudad de Jerusalén y, por consecuencia, su deportación forzada en octubre de 2021. Salah también forma parte del boicot colectivo, y hasta la actualidad se ha negado a participar en ninguno de los procedimientos de los tribunales militares relacionados con su detención administrativa, así como ha pedido a su representante legal que haga lo mismo.

Hace pocos días, el 25 de marzo de 2022, las FOI arrestaron al candidato a la alcaldía de Al-Bireh, Islam al-Taweel, un día antes de que la segunda ronda para las elecciones municipales palestinas (26 de marzo de 2022) tuviera lugar. Dos días más tarde, el 27 de marzo, el comandante militar israelí dictó una orden de detención administrativa de cuatro meses para Islam al-Taweel. Su detención pone en evidencia la práctica común, empleada desde hace años, por el régimen de ocupación y apartheid israelí de arrestar y detener de manera arbitraria a líderes y representantes políticos del pueblo palestino.

La práctica, sistemática y completamente arbitraria, del régimen de ocupación israelí, que retiene de manera rutinaria a cientos de personas palestinas bajo la detención administrativa, arbitraria y de manera indefinida, constituye una violación de los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de muchas otras normas y regulaciones internacionales. Estas incluyen, inter alia: el traslado forzoso de las personas presas en detención administrativa (población bajo la ocupación) a cárceles de la Potencia Ocupante; las condiciones de vida inhumanas, los malos tratos y la tortura; la detención de mujeres y de niños y niñas palestinas; y el empleo de la detención arbitraria como una forma de persecución.

A lo largo de los años, diferentes expertos y Relatores Especiales de las Naciones Unidas han emitido varias declaraciones, condenando con firmeza la práctica israelí de la detención  administrativa como una vulneración del derecho internacional; la última declaración tuvo lugar el 21 de octubre de 2021. En estas declaraciones se ha pedido a las autoridades de la ocupación israelí de “liberar o acusar” a las personas detenidas, para poner fin a la “práctica ilegal de la detención administrativa,” poniendo especial atención a la naturaleza arbitraria de esta que “está estrictamente prohibida por el derecho internacional, así como por el derecho internacional humanitario.” En particular, las observaciones y conclusiones finales del Comité de Derechos Humanos en el quinto informe periódico del Comité de Derechos Civiles y Políticos, afirman que Israel “debe poner fin de inmediato a la práctica generalizada de las detenciones y encarcelamientos arbitrarios de la población palestina, incluida la detención administrativa; especialmente a la detención de niños y niñas.” Además, dichas conclusiones subrayan la naturaleza arbitraria de la detención de Amal Nakhleh y de Salah Hammouri (mencionados anteriormente) que cumplen con el objetivo, a grande escala, de mantener el control sobre el pueblo palestino.