A raíz de la aparición del Covid-19 en el territorio ocupado, las autoridades de la ocupación israelíes anunciaron medidas de emergencia y expidieron nuevas órdenes militares que conciernen, principalmente, a presos y presas palestinos. Mediante estas nuevas regulaciones y órdenes se suspendieron todas las visitas de familiares y abogados, imposibilitando toda comunicación de los presos con sus familias. A finales de marzo del 2020, ONG presentaron alegaciones y peticiones para intentar que las personas presas, particularmente los menores, pudieran tener contacto telefónico con sus familias. No dieron una respuesta formal a las peticiones realizadas por algunas organizaciones de mujeres para que los y las presas palestinas pudieran tener comunicación telefónica con sus familias, sin embargo, las autoridades israelíes de la ocupación permitieron que los menores llamar a sus familias dos veces por semana.

Según el seguimiento realizado por Addameer, las presas palestinas empezaron a contactar a sus familias telefónicamente a principios de abril. Sin embargo, las llamadas no eran sistemáticas ni regulares; cada dos días permitían a uno o dos presas realizar una llamada. Recientemente, la agencia de inteligencia israelí tomó la decisión de prohibir el contacto de tres presas palestinas con sus familias. Las tres presas son: Inas A´safred de Hebrón, arrestada junto con su marido en septiembre de 2019 y en prisión a la espera de juicio -tienen dos hijos-; Mais Abu Gush del Campo de Refugiados de Qalandia, arrestada el 29 de agosto de 2019 y torturada física y psicológicamente además de ser sometida a malos tratos en el Centro de Interrogatorio de Al- Moscobiyya; y Khalida Jarar, ex parlamentaria palestina, de Ramallah y arrestada el 31 de octubre de 2019, aún encarcelada a la espera de juicio.

Las autoridades de la ocupación israelíes publicaron una orden prohibiendo las visitas de personas y abogados y abogadas a las prisiones. Mediante esta orden se suspendieron todas las visitas de familiares y abogados, permitiendo únicamente la comunicación telefónica de las personas presas con los abogados y abogadas previa petición de la persona presa o de su abogada/o. Además, esta orden permitía las llamadas telefónicas entre las personas presas ya condenadas y sus abogados si existía la posibilidad de realizar una vista judicial. Sin embargo, la administración penitenciaria está impidiendo que Khalida Jarar contacte con su abogada, Sahar Francis. La administración penitenciaria está, por lo tanto, violando las regulaciones de emergencia prohibiendo a Khalida contactar con su abogada. De hecho, la administración afirmó que los abogados deberían ser quienes presentaran peticiones para contactar con los presos, lo cual viola la orden militar expedida por el estado ocupante.

Actualmente, las llamadas telefónicas son el único medio de comunicación a disposición de las personas presas, sus familiares y abogados/as. La prohibición arbitraria realizada por la agencia de inteligencia israelí para que las presas no pudieran contactar con sus familiares forma parte de la política de castigo colectivo y arbitrario de las fuerzas de la ocupación. Según el Derecho Internacional Humanitario, en particular la Cuarta Convención de Ginebra, las presas palestinas tienen el derecho a contactar con sus familias.