Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al Hurryyat Center y la Commission of Detainees and Ex-Detainee Affairs condenan el proyecto de ley de pena de muerte, lo cual fue aprobado en su primera lectura en el Knesset por una votación de 52 a 49.
Actualmente, la pena de muerte es legal en la legislación israelí como una respuesta a crímenes establecidos en dos leyes. La primera es una ley sobre el tratamiento y la detención de Nazis y sus asociados (1950) y la segunda es para punir e impedir el crimen de genocidio (1950).
En virtud de la ley militar, actualmente se permite la pena capital cuando un individuo es condenado por matar a un israelí, aunque esto requiera una decisión unánime de un tribunal con tres jueces. Además, es requerido que el fiscal militar solicite la pena de muerte. Como política estatal, la pena de muerte no se ha solicitado previamente.
El proyecto de ley en sí va a reducir el umbral a una mayoría simple entre los tres jueces y va a prohibir la conmutación de una sentencia de muerte. No requiere que el fiscal busque la pena de muerte, sin embargo, resultará en un aumento en los casos en que se busque.
Además, el proyecto de ley incluirá un artículo que permite a los tribunales penales israelíes dictar sentencias de muerte.
Este proyecto de ley, si pasa por sus lecturas obligatorias en el Knesset, representará una contravención de las obligaciones de Israel bajo la ley internacional e irá en contra de las normas internacionales aceptadas.
Este proyecto de ley, si pasa a través de sus lecturas obligatorias en la Knesset, representará una contravención de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional e irá en contra de las normas internacionales aceptadas.
En virtud del Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la pena de muerte no puede dictarse en los casos en que no se haya garantizado un juicio justo. Se ha demostrado ampliamente que el sistema de tribunales militares no cumple con las normas internacionales de un juicio justo y, por lo tanto, no puede dictar sentencias de muerte.
Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha pasado múltiples resoluciones pidiendo para que la pena de muerte se restrinja progresivamente, mientras el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha decidido prohibirlo todo.
Este proyecto de ley representa la continuación de una política de discriminación sistemática contra el pueblo palestino. En una situación en la que la potencia ocupante tiene la última palabra sobre sus derechos, el avance hacia la incorporación de la pena de muerte representa una grave infracción contra la humanidad del pueblo palestino.
Nosotros, como sociedad civil palestina, condenamos este proyecto de ley en los términos más enérgicos posibles. Pedimos a la comunidad internacional que responsabilice a Israel y nos ayude a garantizar nuestros derechos básicos en virtud del derecho internacional.
