Benjamin Netanyahu, el Primer Ministro del estado de ocupación, acordó esta mañana, el 5 de noviembre de 2018, apoyar el proyecto de ley sobre la ley penal israelí / código penal "reforma de la pena de muerte para los ciudadanos acusados de ataques terroristas, 2017". Este proyecto fue aprobado en primera lectura. En la Knesset por un voto de 52 a 49 a principios de enero de 2018.
Actualmente, la pena de muerte es legal según la ley israelí, pero solo como respuesta a los delitos establecidos en dos leyes. La primera es una ley sobre el tratamiento y la detención de los nazis y sus asociados (1950), y la segunda es para castigar y prevenir el crimen de genocidio (1950).
En lo que respecta a la ley militar, actualmente se permite la pena capital cuando un individuo es declarado culpable de matar a un israelí, aunque esto requiere un fallo unánime de un tribunal con tres jueces. Además, también requiere que el fiscal militar solicite la pena de muerte. Como política estatal, la pena de muerte no ha sido previamente solicitada.
El proyecto de ley en sí bajará el umbral a una mayoría simple entre los tres jueces, y prohibirá la conmutación de una sentencia de muerte. No requiere que el fiscal busque la pena de muerte, pero dará lugar a un aumento en los casos en que se busca.
Además, el proyecto de ley incluirá un artículo que permite a los tribunales penales israelíes dictar sentencias de muerte.
Este proyecto de ley, si se aprueba a través de las lecturas requeridas en la Knesset, representará un incumplimiento de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional e irá en contra de las normas internacionales aceptadas.
En virtud del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la pena de muerte no se puede imponer en los casos en que no se haya garantizado un juicio justo. Se ha demostrado ampliamente que el sistema judicial militar no cumple con los estándares internacionales de un juicio justo y, por lo tanto, no puede dictar la sentencia de muerte.
Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado varias resoluciones que exigen que la pena de muerte se restrinja progresivamente, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha movido para prohibirla.
Este proyecto de ley representa la continuación de una política de discriminación sistemática contra el pueblo palestino. En una situación en la que la potencia ocupante tiene la última palabra sobre susderechos, el movimiento hacia la adhesión de la pena de muerte representa una grave infracción para la humanidad del pueblo palestino.