Ayer, 14 de marzo de 2016, los tribunales militares israelíes anunciaron cómo iban a lidiar con el boicot a la detención administrativa. En vez de realizar cambios sustanciales en torno al proceso de la detención administrativa, simplemente castigarán a quienes se involucren en el boicot, coaccionándolos para que paren sus protestas y acepten el statu quo.

El 7 de marzo de 2018, se tenían que haber celebrado dos audiencias en torno a las órdenes de detención administrativa de Salah Ja’edi y Nawaf Sawarka. El juez del tribunal militar había reducido el periodo de las órdenes. En respuesta, la fiscalía militar solicitó una apelación con el objetivo de prolongar el periodo de detención de los detenidos.  

En solidaridad, ninguno de los dos detenidos ni sus abogados fue a la audiencia del tribunal militar de la prisión de Ofer, por lo que el juez pospuso la audiencia al 14 de marzo, aun sabiendo que ambas órdenes administrativas expiraban el 18 de marzo.

De nuevo, ambos dos y sus abogados se negaron a acudir. En respuesta, el juez declaró que si Mahmoud Hassan, abogado de Addameer, y sus clientes no acudían a futuras audiencias serían remitidos al Comité Ético de la Asociación Israelí Bar y serían multados. Sus clientes serían llevados al tribunal, por la fuerza si fuese necesario. Además, ambos detenidos permanecerán en prisión hasta el fallo del proceso.

Estas acciones representan un esfuerzo deliberado para acabar con el boicot. El juez informó a Salah y a Nawaf que permanecerían en prisión hasta que no acudieran a la audiencia a pesar de no tener una ampliación formal de la orden de detención administrativa. En esencia, esta detención arbitraria continuará, previsiblemente de manera indefinida, hasta que paren el boicot. Además, Mahmoud ha sido remitido al Comité Ético ya que está comprometido contra la política general de detención administrativa, que es ilegal e inmoral.

Según la Cuarta Convención de Ginebra, la detención administrativa es aplicable “solo si la seguridad del poder de detención lo encuentra absolutamente necesario”¹ alegando “razones de seguridad esenciales”² y si el proceso se realiza según los “procedimientos regulares”³. Además, este proceso no puede utilizarse como sustituto de procesos penales en los que no se tengan las suficientes pruebas para dictaminar una condena⁴.

En este caso en particular, el juez está ampliando el periodo de una detención arbitraria sin seguir el procedimiento regular. Esta ampliación de la detención administrativa representa una medida de castigo por protestar contra esta detención ilegal.

El boicot a todos los procedimientos en los tribunales que tienen que ver con la detención administrativa empezó el 15 de febrero de 2018, cuando todas las organizaciones con abogados que llevaban estos casos hicieron público un manifiesto junto con los presos.

Durante los meses de enero y febrero, se expidieron 157 órdenes de detención administrativa. 104 eran renovaciones, lo que significa que los periodos de detención se ampliaron. La renovación de las órdenes se puede expedir indefinidamente. Cuando hay un proceso de apelación, no se aportan recursos ya que la información en la que la orden se basa es secreta.

Addameer llama a la comunidad internacional a tomar acciones que responsabilicen a Israel de las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Asimismo, llamamos a las bases de los movimientos y a los activistas a concienciar sobre la detención administrativa. Si necesitas información sobre temas particulares o casos, por favor, contáctanos. 

1. Articulo 42, Cuarta Convención de Ginebra 1949

2. Artículo 78, Cuarta Convención de Ginebra1949