Arresto

El 7 de marzo de 2018, hacia las 4 de la tarde, Omar Kisswani, presidente del consejo estudiantil de la Universidad de Birzeit, fue arrestado en el campus de dicha universidad, donde un grupo de personas se le acercó diciendo que eran periodistas. Tras realizar una entrevista falsa, los periodistas resultaron ser soldados israelíes vestidos de civiles. De repente, le mostraron sus armas y apuntaron a Omar y a otros estudiantes con ellas. Las FOI atacaron a Omar y rápidamente le esposaron.

Durante su arresto, le atacaron, pegaron y dieron descargas eléctricas con pistolas taser. El ataqué contra él continuó durante 3 y 5 minutos; cinco soldados le estaban pegando en todas las partes de su cuerpo. La unidad camuflada arrestó a Omar y se lo llevó del campus bajo la protección de un grupo de soldados israelíes que conducían vehículos civiles. Los soldados israelíes continuaron pegando a Omar dentro del vehículo y le insultaron, tanto a él como a su familia. Le esposaron las manos a la espalda, le taparon los ojos y le obligaron a tumbarse con la cabeza en el suelo del vehículo.

Le dejaron allí durante 15 minutos antes de ser transferirlo a un campo militar desconocido. Le dejaron fuera del campo sentado en una silla hasta las 9 de la tarde y hacía frío. Después, le llevaron a el campo militar de Bet El antes de trasladarle al centro de interrogación Moskobiyyeh.

Arrestos previos y persecución

Este es el segundo arresto de Omar. El primero tuvo lugar en junio de 2015, en el que fue sentenciado a un año de prisión y a cinco años de libertad condicional bajo los cargos de estar afiliado al bloque islamista, considerado un movimiento ilegal por las fuerzas de ocupación israelíes alegando que están asociados a Hamas.

Además, una unidad especial israelí siguió a Omar durante dos semanas antes de su actual arresto. Durante esos días, una unidad vestida de civiles le esperaba en la puerta de la universidad para arrestarlo. Sin embargo, consiguió escapar a pesar de que los soldados estaban disparando balas contra el coche que conducía. También fueron a su casa en repetidas ocasiones en el pueblo de Beit Iksa y arrestaron a su madre, pero él no estaba en casa.

Interrogatorios y tortura

Omar Kisswani llegó al centro de interrogación Moskobiyya hacia las 10 de la noche. El nombre del oficial de inteligencia que llevó su caso se llamaba “Foad”. Omar fue transferido a una celda de 2 por 2 metros tras un breve interrogatorio y tras haberle leído sus derechos. La celda tenía un colchón en el suelo con una manta y un agujero en el suelo a modo de baño. La celda tenía un olor horrible y el aire acondicionado estaba puesto a una temperatura muy alta.

Durante los diez primeros días de interrogatorio, el interrogador preguntó a Omar sobre información personal y le amenazó con detener a miembros de su familia. El interrogador le acusó de transferir dinero y pertenecer a una organización ilegal.

La madre de Omar fue arrestada una semana después de que su hijo estuviera siendo interrogado. Cuando Omar supo que su madre también estaba siendo interrogada, se sintió presionado a confesar los cargos de los que se le acusaban. Llegados a este punto, la duración de los interrogatorios se alargó, privándole de dormir. Por ello, Omar inició una huelga de hambre para protestar por las condiciones en las que le estaban obligando a vivir. La huelga de hambre duró 13 días.

Omar estuvo esposado con sus manos a su espalda durante todos los interrogatorios. Cada sesión duraba 20 horas consecutivas sin descanso, lo que provocó que tuviera dolores de espalda y en sus articulaciones. Le prohibieron ver a su abogado hasta el 26 de marzo de 2018. Cuando los interrogatorios terminaron, le trasladaron a la prisión de Ofer en Ramallah.

El arresto de su madre durante el interrogatorio

Las fuerzas de ocupación israelíes presionaron a Omar cuando arrestaron a su madre y le llevaron al centro de interrogación Moskobiyyeh el 14 de marzo, una semana después de que su hijo fuera arrestado.

La madre de Omar dijo, “una semana después del arresto de mi hijo, recibí una llamada de un hombre que me dijo que era un oficial de la inteligencia del centro de interrogación de Moskobiyyeh, y me dijo que tenía que ir al centro a la mañana siguiente. El 15 de marzo de 2018 fui al centro de interrogación de Moskobiyyeh y estuve esperando en la sala de espera durante una hora. Después, me llevaron a otra habitación donde me hicieron pasar por un detector de metales, revisaron mi documento de identidad y me llevaron a un cuarto de interrogación. Un interrogador estaba allí y empezó a hacerme preguntas generales sobre mi familia, los nombres de mis hijos y mi marido”.

Añadió, “Después, el interrogador comenzó a preguntarme sobre mi hijo Omar y amenazó con meterle mucho tiempo en la cárcel. Me dijo que no lo había criado bien y que era un hombre peligroso, que sus actos también eran peligrosos y por eso iba a pasar en la cárcel mucho tiempo y que no había esperanza de que lo dejaran en libertad”.

Un oficial de policía tomó declaración a la madre de Omar y le pidió que firmara un papel en el que aparecían declaraciones que no había dicho durante el interrogatorio. Ella se negó a firmarlo y el interrogador comenzó a gritarle y a decirle que tenía que firmar la declaración. Tras dos horas y media de interrogatorio, le pusieron en libertad.

La tortura en el derecho internacional

Los presos palestinos son sometidos a tortura y malos tratos desde el momento del arresto, en el que los soldados entran por la fuerza a las casas y las allanan antes de que amanezca o en los checkpoints militares, en las calles o en las fronteras mientas viajan. Aunque el momento y el lugar de la detención de palestinos puede variar, existe una política generalizada de asalto desproporcionada que no tiene en cuenta la edad, el género o las condiciones de salud.

Estas políticas contravienen directamente con el derecho internacional, incluyendo el artículo 2 (1) de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, firmado por Israel el 3 de octubre de 1991, por el cual se exige que un estado firmante tiene que prevenir cualquier uso de la tortura y prácticas asociadas a esta.

El derecho a no ser torturado es un derecho fundamental y no derogable, garantizado a todos los seres humanos, sin importar si están detenidos. Israel, como estado firmante de los principales convenios y tratados internacionales que protegen este derecho, incluyendo especialmente la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tiene la incuestionable obligación legal de asegurar que todos los prisioneros no sean torturados o sufran tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes.