Nombre: Shatha Odeh

Edad: 61 años

Profesión: Directora de los Comités de Trabajo de la Salud (HWC) y Presidenta de la Red de ONG Palestinas (PNGO)

Fecha de arresto: 7 de julio de 2021

Lugar de detención: En Misbah, Ramallah - Territorios Palestinos Ocupados

Acusación: Participar en actividades relacionadas con una "organización terrorista," según las órdenes militares de Israel; recibir y captar fondos de "manera ilegal" para el Área de Cisjordania; y hacer uso fraudulento de documentos

Prisión: Prisión de Damon

Duración: 5 meses en prisión en detención administrativa, en curso

Situación actual legal: En prisión, a la espera de juicio militar.

El 7 de julio de 2021, las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOI) ejecutaron una batida nocturna en la residencia de Shatha Odeh en Ramallah, atacando la vivienda con granadas de humo y aterrorizando a la familia. Alrededor de 15 soldados entraron a la fuerza dentro del hogar familiar y separaron a la familia en diferentes habitaciones, mientras aislaron a Shatha. A pesar que las FOI no tenían una orden de detención y de confiscación, esa noche se llevaron a Shatha detenida y confiscaron su teléfono móvil y las llaves y el vehículo de la organización para la que trabaja. Shatha fue llevada de inmediato al campamento militar de Ofer, sin poder dormir, e interrogada durante largas horas. Finalmente, tras 24 horas de su detención fue trasladada a la prisión y centro de detención de Hasharon.

Desde el 7 de julio de 2021, el tribunal militar israelí ha prorrogado su detención en más de tres ocasiones: el 8, 14 y 26 de julio. Finalmente, el fiscal militar presentó los cargos en su contra. El fiscal militar israelí, en sus esfuerzos por construir y justificar un caso contra Shatha, extendió la jurisdicción del tribunal incluyendo la acusación de actividades fraudulentas relacionadas con una amenaza a la seguridad, para así poder juzgarla bajo la competencia del sistema judicial militar. El alcance de las acusaciones presentadas —que abarcan una serie de infracciones que vulneran las órdenes militares israelíes arbitrarias y hacen referencia al Código Penal Jordano— están en contradicción con la realización del juicio ante un tribunal militar contra la defensora de los derechos humanos, que forma parte de la sociedad civil. La criminalización por pertenencia o afiliación a una organización considerada "ilegal" permite a las autoridades militares israelíes castigar colectivamente a los actores de la sociedad civil y encarcelarlos sin pruebas, incluso alegando cualquier tipo de culpabilidad individual por actividades o resistencia contra la ocupación israelí.

A pesar de las peticiones constantes y de los paquetes de ropa que su abogado llevó a la cárcel, Shatha no tuvo acceso a ropa interior o a una muda de ropa durante dos semanas; y no pudo cambiarse de ropa desde el día de su detención. Shatha describió su experiencia y las condiciones de detención e interrogatorio en el campamento de Hasharon como lamentables, crueles e inhumanas; y destacó las duras circunstancias del traslado de la prisión de Hasharon al campamento militar de Ofer (donde tuvo lugar el interrogatorio). Habitualmente, el trayecto tiene una duración de más de 20 horas, período en el cual las personas detenidas permanecen esposadas de manos y pies. En la prisión de Hasharon,^[1] Shatha estuvo presa en una habitación con dos camas de metal y colchones de plástico, donde se vio obligada a usar su chaqueta (la que llevaba puesta el día de su detención) para taparse. Mientras estuvo en prisión, fue controlada a diario por una cámara de vigilancia en su celda; una acción que vulnera su privacidad y agrava el castigo psicológico en contra de su persona. En la actualidad, Shatha se encuentra en la prisión de Damon, a la espera de sentencia y juicio.

Escalada de los ataques de la ocupación israelí contra las organizaciones de la sociedad civil palestina y los defensores de los derechos humanos

Los Comités de Trabajo de la Salud ('Health Work Committees,' HWC) son una ONG Palestina que promociona los servicios médicos y la atención sanitaria para la población palestina. La organización dedica una atención especial a las comunidades marginales, especialmente en las Zonas C, y a la salud de la mujer. Por ello, los HWC se han convertido en un instrumento básico para la organización de los servicios sanitarios para más de 400.000 personas palestinas que residen en el Área de Cisjordania. Entre sus prácticas se incluyen los servicios de salud sexual y reproductiva y de salud mental. Asimismo, la organización ha sido clave durante el desarrollo de la pandemia de la Covid-19, por su capacidad de proporcionar servicios y programas para la comunidad en clínicas y hospitales, así como la creación de clínicas móviles, para asistir a un mayor número de la población palestina.

En los últimos años, las FOI han asaltado las oficinas de los HWC en cuatro ocasiones.^[2] El hostigamiento judicial, constante y persistente, forma parte de una serie de ataques sistemáticos contra la organización: los miembros de su personal, sus oficinas y su propiedad privada. Esta campaña ha incluido la detención el 8 de marzo de 2021 de su contable, Tayseer Abu Shabak, y de su coordinadora de proyectos, la española-palestina Juani Rishmawi, detenida el 13 de abril de 2021. El cierre de las oficinas de los HWC, así como la detención arbitraria de su personal, durante la pandemia de la Covid-19, evidencia el flagrante incumplimiento de las obligaciones legales de Israel para proteger a la población palestina, bajo la ocupación, de su derecho básico a la salud. Esta acción significa una práctica más de castigo colectivo contra del pueblo palestino.

Durante décadas, diferentes organizaciones internacionales, Estados y ONG —como por ejemplo las Naciones Unidas— han apoyado la labor y los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil palestina (OSC) para denunciar los crímenes de Israel. La campaña persistente de la ocupación israelí contras las OSC palestinas incluye: redadas en sus oficinas e instalaciones, campaña de difamación, ataques a su capital y fondos, incitación al odio racial, promoción de discursos de odio, violencia y amenazas de muerte contra su personal. Todas estas acciones tienen el objetivo final de crear un entorno represivo y reducir los espacios civiles donde el desarrollo de su labor es posible. Esta campaña es un intento para silenciar, desacreditar y obstruir el trabajo de los defensores de los derechos humanos y de las OSC palestinas, y aislarlas del ámbito internacional.