La ocupación israelí niega sistemáticamente los derechos humanos fundamentales de las personas presas y detenidas palestinas mientras están en prisión, lo que ha dado forma a su lucha dentro de las cárceles israelíes. El derecho a la educación, en particular, ha sido sistemática y deliberadamente denegado a las personas presas palestinas a lo largo de décadas. Históricamente, para poder acceder al derecho a la educación, e incluso para poder tener bolígrafos y folios dentro de los muros de las cárceles, los presos palestinos han tenido que recurrir a huelgas de hambre colectivas y otras formas de resistencia. En 1992, obtuvieron el derecho al acceso a la educación secundaria y superior como resultado de una de las huelgas de hambre colectivas más grandes y conocidas. Esto dio lugar a un cambio de paradigma en el proceso educativo, y permitió a los presos y presas solicitar la admisión en instituciones educativas, algo de suma importancia ya que en ese momento el número de personas presas interesadas en continuar con sus carreras académicas estaba incrementando. Sin embargo, el Servicio Penitenciario Israelí (con sus siglas en inglés, IPS), respaldado por el Tribunal Supremo de Israel, siguió cercando la educación de los y las presas. En el siguiente resumen ejecutivo se esboza la historia de la lucha de los presos políticos palestinos por su derecho a la educación.

Tras la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993, la experiencia de las personas presas palestinas en las cárceles israelíes se caracterizó por continuas luchas y esfuerzos que, finalmente, condujeron a que se permitieran los libros y se establecieran bibliotecas en las cárceles. Los presos se organizaron por su cuenta y llevaban a cabo debates educativos y culturales que abordaban numerosas cuestiones relacionadas con los derechos de los presos y presas y con la resistencia palestina.

Miles de presos políticos palestinos arrestados durante la Intifada fueron liberados en cumplimiento de los Acuerdos de Oslo. Aunque después de esto, todavía un alto número de presos permanecieron encarcelados, esta situación dio lugar al debilitamiento del movimiento creado por los presos, y, a su vez, afectó al marco cultural establecido previamente. La frecuencia de los debates culturales y su enfoque cambió, al igual que la capacidad de los presos de recurrir a huelgas de hambre y otras formas de acción colectiva para reivindicar sus derechos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que había jugado previamente un papel primordial en el suministro de libros, material educativo y juegos de inteligencia en las cárceles, en particular para los menores detenidos, comenzó a apartarse de sus responsabilidades a mediados de la década de 1990. Con el tiempo, la presencia del CICR disminuyó o se tornó casi inexistente en algunas prisiones.

A raíz de este cambio en el movimiento de los presos y el abandono del rol de CICR a mediados de 1990, los y las presas comenzaron a organizarse de nuevo, y a priorizar el acceso a la educación como una demanda colectiva. La huelga de hambre de 1992, en la que participaron miles de presos y duró 19 días, culminó con varias victorias en este sentido. Por primera vez, a los presos se les permitió asistir a los exámenes para la obtención del certificado de educación secundaria, conocido como “Tawjihi”. A pesar de esta gran victoria para los presos, cuyos avances educativos habían sido paralizados durante décadas, la Ocupación Israelí todavía les limitaba el acceso a la obtención de los diplomas, permitiéndoles examinarse solo en humanidades, negando así el acceso a los títulos de matemáticas o ciencias.  Así mismo, consiguieron el derecho a estudiar en un número limitado de programas académicos en la Universidad a Distancia israelí (Israelí Open University), como teología, sociología, economía y administración de empresas, psicología y ciencias políticas. Sin embargo, todavía se enfrentaban a una dura batalla en el acceso a la educación formal, ya que el Servicio Penitenciario Israelí (IPS) era responsable de facilitar el proceso, empero, deliberadamente obstruía el proceso a través de un sin fin de medios. Por ejemplo, el IPS, era el encargado de dar la aprobación final para la inscripción a cualquier programa, a menudo negando el acceso a los presos argumentando medidas de seguridad, reclamando la inscripción completa en los programas y otras razones arbitrarias. Frecuentemente, retrasaban intencionalmente la entrega de materiales educativos, impidiendo así que los estudiantes pudieran llevar el curso al día. Por otro lado, eran frecuentes los traslados intencionados de una cárcel a otra, lo que obligaba a los presos a tener que repetir los cursos. 

Las restricciones a la educación de las personas presas fueron empeorando gradualmente con el tiempo, un caso particular fue cuando se revocaron los derechos de muchos presos como castigo por la captura del soldado israelí Gilad Shalit durante una incursión militar israelí en Gaza en 2006.  Las restricciones aumentaron en 2011 después de que Benjamin Netanyahu, el entonces Primer Ministro israelí, anunciara que no se permitiría a ningún preso político obtener una carrera o máster en la cárcel a través de su declaración “the party is over” (la fiesta se ha terminado). Tras el discurso de Netanyahu, se prohibió la educación formal en las prisiones, el acceso al examen de “Tawjihi” y a los programas de la Universidad a Distancia israelí, algo por lo que los presos habían luchado mucho anteriormente. Algunos de los presos que estaban a punto de graduarse presentaron quejas formales ante el Tribunal Supremo de Israel sin éxito, ya que este dictaminó que la prohibición era legal y permisible. En el fallo, el Tribunal Supremo subrayó que la educación de los presos y las presas es un privilegio que puede ser retirado a discreción del IPS. Cabe señalar, sin embargo, que, aunque el discurso de Netanyahu fue un anuncio público del recorte de los derechos de los presos, en el año 2008 el IPS ya había cancelado los programas educativos en la mayoría de las prisiones, por lo tanto, Netanyahu sólo impuso lo que ya había tenido lugar.

En medio de la prohibición de las vías formales para la educación, los presos y presas palestinas continuaron luchando por el derecho a la educación a través de medios alternativos. Trataron de cubrir la prohibición del acceso a la educación mediante la organización de debates culturales, sesiones de alfabetización, talleres educativos, establecimiento de bibliotecas dentro de las prisiones, así como la obtención de periódicos y revistas. Muchas de estas alternativas no eran nuevas, sino que más bien cobraron importancia después de que se prohibiera el acceso a la Universidad a Distancia israelí. Por otra parte, los propios presos y presas jugaron un papel clave en el proceso educativo asumiendo el papel de “profesores” y ayudando a los demás con los idiomas y otras materias. En 2013, los presos trabajaron con los Ministerios Palestinos pertinentes para recuperar el acceso al examen de “Tawjihi” en la cárcel. Además, crearon conexiones con algunas universidades palestinas, y desarrollaron carreras y masters a través de los cuales se han graduado docenas de presos y presas a lo largo de los años.

A día de hoy se siguen poniendo en práctica diferentes medidas para debilitar, aún más, a los presos y presas palestinos Las autoridades israelíes han prohibido durante años la entrada de libros educativos en las cárceles. Además, siguen confiscando libros y otros materiales educativos que los presos logran introducir en las cárceles. En 2018, el IPS desvalijó la biblioteca que habían construido durante años en la cárcel de Hadarim, confiscando alrededor de 2.000 libros. Además, el IPS castiga a los prisioneros transfiriéndolos a otras cárceles o celdas cuando descubren cualquier intento de continuar la educación más allá de los muros de la cárcel. 

Las mujeres y menores sufren las mismas restricciones y experiencias en las cárceles israelíes. A pesar de que los menores presos recurrieron a los tribunales israelíes y obtuvieron una decisión judicial en 1997 que les permitió continuar su educación según el plan de estudios palestino, la realidad es muy diferente. El IPS únicamente permite a los profesores del Ministerio de Educación israelí enseñar dos asignaturas (árabe y matemáticas), con lo que el desarrollo de los menores se ve gravemente perjudicado.  La limitación de asignaturas y la irregularidad de las clases afectan gravemente a su desarrollo académico. 

Las continuas y sistemáticas restricciones israelíes al derecho a la educación, son una violación de los derechos fundamentales recogidos en numerosas convenciones internacionales, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

El derecho a la educación también está garantizado por el Derecho Internacional Humanitario, concretamente en el artículo 94 del Cuarto Convenio de Ginebra, donde se establece que: “la Potencia detenedora estimulará las actividades intelectuales, educativas, recreativas y deportivas de los internados dejándolos libres para participar o no. Tomará todas las medidas posibles para la práctica de esas actividades y pondrá, en particular, a su disposición locales adecuados. Se darán a los internados todas las facilidades posibles para permitirles proseguir sus estudios o emprender otros nuevos. Se garantizará la instrucción de los niños y de los adolescentes, que podrán frecuentar escuelas, sea en el interior sea en el exterior de los lugares de internamiento. Se dará a los internados la posibilidad de dedicarse a ejercicios físicos, de participar en deportes y en juegos al aire libre. Con esta finalidad, se reservarán suficientes espacios libres en todos los lugares de internamiento. Se reservarán lugares especiales para los niños y para los adolescentes”.

Además, las reglas 104 y 105 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos establecen que: “Se tomarán disposiciones para fomentar la instrucción de todos los reclusos que se encuentren en condiciones aptas, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea posible. La instrucción de los analfabetos y de los reclusos jóvenes será obligatoria y la administración del establecimiento penitenciario deberá prestarle particular atención. En la medida de lo posible, la instrucción de los reclusos deberá coordinarse con el sistema de educación pública estatal a fin de que, al ser puestos en libertad, los reclusos puedan continuar sin dificultad su formación. En todos los establecimientos penitenciarios se organizarán actividades recreativas y culturales que favorezcan el bienestar físico y mental de los reclusos”.

La potencia ocupante no solamente prohíbe a los presos y presas palestinas disfrutar del derecho a la educación, además, continúa deliberadamente persiguiendo y deteniendo a estudiantes palestinos. Solamente en 2019, el número de estudiantes palestinos encarcelados se estimó en 250-300. En 2019, en la Universidad de Birzeit, fueron detenidos alrededor de 75 estudiantes universitarios, principalmente acusados de ser activos en los sindicatos de estudiantes.