Detenciones con cargos de "incitación al odio" en redes sociales y la política del gobierno de Israel: un estudio de caso de Facebook
Desde finales de 2014, ha habido un aumento significativo en las campañas de detención israelíes, teniendo a población palestina como objetivo por cargos relacionados con contenido compartido en las redes sociales, particularmente en Facebook. En 2017, el número de palestinos arrestados acusados de incitación al odio ascendió a unas 300 personas detenidas [1].
Este documento pone de manifiesto la escalada sistemática y reiterada de arrestos contra palestinos ejerciendo su derecho a expresarse libremente en las redes, con Facebook como caso de estudio, dentro de un marco de trabajo legal, político y sobre hechos sobre el terreno. Se analizan las leyes que definen el delito de “incitación” en el código penal israelí y las órdenes militares que Israel impone a los palestinos en Cisjordania. El estudio también analiza los atestados policiales de los condenados por incitación al odio, así como casos similares de detenidos sometidos a detención administrativa.
Además, el documento explora las principales acciones adoptadas por el gobierno israelí, focalizadas en dos ejes clave: por un lado, el “Proyecto de ley de Facebook” propuesto en la Knesset y, por otro, la cooperación entre Facebook y el gobierno para eliminar publicaciones o contenidos considerados de incitación al odio.
Bases legales para el arresto por cargos relacionados con contenido compartido en redes sociales
- Detenciones por cargos relacionados con Facebook en Jerusalén y territorios ocupados antes del 48.
La ocupación israelí establece bases legales para el arresto de palestinos residentes en Jerusalén y los territorios del 48 (actual Israel) en el Artículo 144.B y 144.D2 sobre Incitación a la Violencia o el Terror del Código Penal israelí de 1977 [2]. El artículo 144.D2 (a) recoge que “si una persona publica un llamamiento a cometer un acto de violencia, o de terror o de apología, palabras de aprobación, aliento, apoyo o identificación con un acto de violencia o terror (en este apartado: incitando a la publicación) y si, por causa del contenido de la publicación incitante y las circunstancias en las cuales se hizo público, existe una posibilidad real de que resulten en actos de violencia o terror, entonces esa persona está sujeta a una pena de cinco años de prisión”.
- El artículo 144. D2 (b) define "un acto de violencia o terror" como "un delito que causa lesiones corporales a una persona o la pone en peligro de muerte o de lesiones graves".
Esta definición revela parámetros muy amplios que acarrean múltiples interpretaciones, ofreciendo a jueces y fiscalía amplia jurisdicción para interpretar los términos, atribuyendo en consecuencia contenidos diversos dentro del Artículo. Por ejemplo, "elogios, palabras de aprobación, aliento y apoyo" podrían abarcar miles de posts en Facebook. De hecho, en los últimos años hemos sido testigos de cómo los tribunales israelíes interpretan expresiones palestinas de orgullo u honor, históricamente aclamadas, como elogiar a los mártires, expresar consternación por las prácticas de ocupación, o reafirmar el derecho al retorno y la autodeterminación, como contenido de incitación al odio susceptible de enjuiciamiento legal conforme al código penal israelí.
En la práctica, desde diciembre de 2014, la ocupación israelí ha adoptado una política de condena por cargos de incitación al odio bajo el pretexto de asuntos de seguridad. A través de los archivos de casos representados por Addameer, se observa que los tribunales israelíes han comenzado a emitir sentencias de prisión de 6 a 24 meses de prisión firme, así como elevadas multas. Los tribunales israelíes a menudo consideran cada publicación como un delito en sí mismo; por ejemplo, si el acusado tiene seis publicaciones en su cuenta personal de Facebook, el tribunal las considera como seis delitos separados. Al dictar sentencia, el tribunal toma en consideración la cantidad de amigos en Facebook del acusado, así como la cantidad de “me gusta”, comentarios y número de veces compartido.
Un ejemplo de ello es el caso de Nader Halahleh, 27 años, vecino del barrio de Al-Sawana en Jerusalén. Nader fue arrestado el 25 de Noviembre de 2015 acusado de incitación al odio. Tenía siete publicaciones que iban desde fotos hasta publicaciones escritas en su cuenta personal de Facebook y fue acusado de siete delitos. Nader fue sentenciado a 7 meses de prisión. Otros palestinos recibieron órdenes de detención administrativa. Fathi Najadeh, de 18 años, fue arrestado el 5 de noviembre de 2015 y recibió una orden de detención administrativa basada en información de inteligencia que lo acusaba de incitación en su cuenta personal de Facebook. Kathem Sbeih, de 17 años, del barrio Jabel Mukaber en Jerusalén, fue arrestado el 17 de octubre de 2015 y recibió una orden de detención administrativa de tres meses a pesar de ser menor de edad en aquel momento. La fiscalía alegó que la inteligencia israelí estaba en posesión de información que afirmaba que Kathem incitó a "actos de violencia" en Facebook.
Dareen Tatour, de 33 años, originaria del pueblo de Al-Reineh en el 48, es un buen ejemplo de la peligrosa escalada en la política israelí en lo referente a cargos por incitación. En una entrevista telefónica con un experto en derecho de Addameer, Dareen detalló el interrogatorio, el acoso, el traslado forzoso, el arresto domiciliario y el tiempo de encarcelamiento que había sufrido [3]. Fue arrestada el 11 de octubre de 2015 e interrogada inicialmente en la comisaría de policía de Nazaret. Más tarde fue trasladada al centro de interrogatorios de Jalama, donde estuvo detenida durante 21 días.
Las sesiones de interrogatorio con Dareen se centraron en un poema titulado “Resistid, mi pueblo; Resistid” que ella había publicado en su cuenta de Facebook; los interrogadores afirmaron que el poema incitaba al terrorismo. A Dareen solamente se le mostró la versión árabe del poema a pesar de que los interrogadores sólo hicieron referencia a una traducción hebrea durante el interrogatorio. En consecuencia, fue interrogada sobre expresiones y frases que no había incluido en el poema. Ella vio la traducción al hebreo por primera vez durante las sesiones de la corte judicial y declaró que la mayoría de las expresiones traducidas del árabe al hebreo eran incorrectas e inexactas; por ejemplo, la palabra "mártir" se tradujo como "terrorista". De hecho, el principal punto de discusión durante los interrogatorios y las sesiones judiciales se centró en adaptar, aclarar y/o reformular las palabras y expresiones utilizadas. El poema hablaba de los mártires Ali Dawabsheh y Mohmammad Abu Khdeir, ambos menores de edad, que fueron descritos como "mártires inocentes". Sin embargo, durante el interrogatorio y el juicio fueron referidos como "terroristas".
Los interrogadores manipularon las interpretaciones del poema, viendo las expresiones palestinas de valor patriótico desde una perspectiva israelí que ejerció presión psicológica sobre Dareen al atribuírsele palabras que ella no había escrito. Además de la presión psicológica, describió las difíciles condiciones del interrogatorio, especialmente cuando los interrogadores la sometieron a temperaturas extremadamente frías durante el mismo. También fue sometida a tortura posicional cuando la esposaron y la obligaron a sentarse en la silla durante tiempo prolongado. Además, los interrogadores recurrieron a los gritos durante una de las sesiones de interrogación.
El 2 de noviembre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia de Nazaret presentó un acta de acusación contra D. Tatour que incluía dos elementos; el primero fue "incitación al terror y la violencia" después de que el tribunal considerara que las palabras y expresiones del poema eran una incitación a la violencia y una amenaza a la seguridad del estado y la seguridad pública; y el segundo elemento fue abogar y alentar a una organización hostil.
Después de archivada el acta, Dareen fue transferida a las prisiones de Sharon y Damon. El 13 de enero de 2016, el tribunal la sentenció a un traslado forzoso y a arresto domiciliario en condiciones extremas que incluyeron:
- Traslado por la fuerza desde su casa en la ciudad de Al-Reineh a Kiryat Ono, cerca de Tel Aviv, donde permaneció durante 9 meses.
- Prohibición del acceso a internet.
- Arresto domiciliario.
- Requerimiento de llevar un localizador de tobillo.
- Prohibición de cualquier forma de interacción (restricción de visitas).
Dareen describió su tiempo bajo arresto domiciliario lejos de su familia y separada del resto del mundo como "el momento más difícil de su vida", y sintió que estaba "detenida en una celda de aislamiento". Es interesante destacar que la orden judicial la obligó a alejarse de su casa y de su familia para trasladarse a un asentamiento cerca de Tel Aviv, lo cual generaba una contradicción en sí misma. Dareen fue acusada de incitación y de representar una amenaza para la seguridad pública, entonces, ¿cómo es posible que el tribunal la ponga bajo arresto domiciliario entre colonos israelíes cuando al mismo tiempo representa una amenaza para la seguridad de los mismos?
En septiembre de 2016, el tribunal decidió permitir que Dareen se mudara a su propia casa en Al-Reineh bajo las mismas condiciones y restricciones hasta que se emitiera el fallo sobre el cargo de incitación previsto para 2018. Mientras estaba bajo arresto domiciliario en su casa, le estaba permitido recibir visitas, lo que atrajo una gran atención por parte de los medios que hizo que su caso trascendiera a la opinión pública. Como resultado, el tribunal le permitió salir de su casa seis horas por semana. Y seis meses antes del fallo, el tribunal le permitió salir de su casa acompañada por uno de sus representantes legales (miembros de la familia) desde las 9h hasta las 19h.
El 31 de julio de 2018, el tribunal de primera instancia de Nazaret condenó a Dareen Tatour a cinco meses de prisión, de los cuales cumplió dos. Fue puesta en libertad de la prisión de Damon el 21 de septiembre de 2018.
Dichas medidas, procedimientos, restricciones y condiciones tienen como objetivo oprimir y perseguir, ya que la sentencia y las condiciones de la sentencia no son proporcionales a la acción. El caso de Dareen Tatour es un excelente ejemplo de la exageración obvia e intencionada que tiene lugar en los casos de incitación, así como los continuos intentos de reprimir a los palestinos que viven en lo que hoy se considera Israel. Mientras tanto los israelíes, desde lo alto de la pirámide política, costean una campaña de incitación a gran escala contra los palestinos. El Centro Árabe para el Avance de las Redes Sociales "7amleh" recogió en su Índice de Racismo e Incitación en las Redes Sociales Israelíes de 2017, que cada 71 segundos se publica un mensaje que incita al odio contra los palestinos [4]. Aunque los israelíes están sujetos a las mismas leyes que Dareen, ningún israelí ha sido arrestado, reubicado o alejado de su comunidad por la fuerza, prohibido la comunicación, acusado de incitación o metido entre rejas. Las sentencias judiciales israelíes sobre incitación al odio en Jerusalén e Israel son el epítome de la doble moral y de la discrecionalidad en la aplicación de la ley por motivos nacionalistas.
Arrestos en Cisjordania
La fiscalía militar israelí basa sus decisiones en cargos de incitación contra los palestinos en Cisjordania, que está sujeta a órdenes militares israelíes, en los artículos 251 y 199 del apartado G de la orden relativa a las Disposiciones de Seguridad (versión consolidada) Nº 1651 de 2009 [5]
Dentro de incitación y apoyo a una organización hostil los artículos mencionados detallan las acciones por las que los palestinos son acusados de incitación:
- Intentar, oralmente o por otros medios, influir en la opinión pública en Cisjordania de una manera que pueda dañar la paz pública o el orden público.
- Llevar a cabo cualquier acción o mantener en su poder cualquier objeto con la intención de ejecutar o facilitar la ejecución de un intento de influir en la opinión pública en Cisjordania de una manera que pueda dañar la paz pública o el orden público.
- Publicar palabras de elogio, simpatía o apoyo a una organización hostil, a sus acciones o a sus objetivos.
- Realizar una acción que exprese identificación con una organización hostil, con sus acciones o sus objetivos o simpatía por ellas. Esto es al enarbolar una bandera, mostrar un símbolo o eslogan o tocar un himno o expresar un eslogan, o cualquier acción explícita similar que exprese claramente tal identificación o simpatía. Además, todo esto realizado en un lugar público o de manera que las personas en un lugar público puedan ver o escuchar tal expresión de identificación o simpatía.
Un análisis de más de 30 actas de acusación emitidas por los tribunales militares de Ofer y Salem en 2016 y 2017 muestra que la fiscalía militar presentó los cargos de acuerdo con los artículos e incluyó ejemplos de las cuentas de redes sociales privadas de los prisioneros.
El prisionero Nour Mohammad, 26 años, de Beit Jala, fue acusado de incitación por el tribunal militar de Ofer de conformidad con los artículos 251 y 199 del apartado G de la orden militar. En particular, bajo el cargo de incitación, el acta detalla 15 publicaciones del prisionero publicadas entre 2013 y 2016, especificando las fotos y videos compartidos por el prisionero, los comentarios que los acompañan, así como el número de “compartidos” y “me gusta” acumulados por cada publicación. El acta también indicaba claramente que Mohammad tenía 2.334 amigos en su cuenta de Facebook. Las publicaciones a las que se hace referencia incluyen fotos de mártires, discursos de miembros de movimientos de resistencia palestinos, así como comentarios sobre estas publicaciones. Mohammad recibió una sentencia de 24 meses de prisión efectiva, una sentencia de 36 meses en suspensión condicional y una multa de 4.000 NIS (unos 1.000 euros). [6]
Actas de acusación contra periodistas: personal de Sanabel Radio – Caso de estudio
El 31 de agosto de 2016 fue allanada la sede de Sanabel Radio en la ciudad de Dura, en Hebrón. Las fuerzas israelíes confiscaron todas las propiedades de la radio incluidos los equipos de transmisión, cerraron la emisora durante 60 días y arrestaron a todo el personal: Mohammad Omran (presentador de noticias del mediodía), Hamed Nammura (ingeniero de sonido), Ahmad Darawish (gerente de la estación), Nidal Amro y Montaser Nassar.
Los miembros del personal recibieron actas de acusación que incluían incitación al odio, apoyo a una organización hostil y publicación de información de valor militar. Las actas detallaban acusaciones afirmando que la radio transmitía canciones de naturaleza “incitante” y comentarios que incitaban a la violencia, y que además cubrían el movimiento del ejército israelí durante las redadas en la ciudad. También detallaban cada publicación compartida en la página de Facebook de la radio, incluidas las fechas y la participación de los seguidores. Cada elemento de las actas especificaba la naturaleza de las publicaciones, ya fueran informes, noticias o canciones, así como la cantidad de me gusta, comentarios y compartidos que obtuvieron.
El 6 de octubre de 2016, el juez de primera instancia de la corte militar de Ofer ordenó su liberación bajo fianza y garantía de terceros, declarando que sus acciones recaían bajo su derecho a la libertad de expresión. El juez justificó su fallo diciendo: “aunque algunas de las publicaciones incluyen material que puede considerarse incitante, no hubo circunstancias agravantes y sus publicaciones no llamaron al público a realizar acciones en la vida real. Teniendo en cuenta su derecho a la libertad de expresión, las alternativas al encarcelamiento son suficientes". No obstante, la fiscalía militar apeló con éxito el fallo, manteniendo a los miembros de Sanabel Radio bajo arresto de acuerdo con la política que atribuye la reciente ola de violencia a la incitación en lugar de a las meras prácticas israelíes contra los palestinos.
Ahmad Omran fue sentenciado a 16 meses de cárcel firme y una multa de 1.000 NIS (unos 250 euros). Nidal Amro y Montaser Nassar fueron sentenciados a 22 meses de prisión y a una multa de 5.000 NIS (unos 1.250 euros), mientras que Hamed Nammura y Ahmad Darawish fueron liberados el 25 de mayo de 2018.
Actualmente un gran número de palestinos se encuentra bajo detención administrativa debido a sus publicaciones en Facebook, sin aclaración de la naturaleza de las publicaciones por parte de las autoridades con el pretexto de tratarse de material confidencial.
Caso de estudio: Abdel Salam Al-Masri, 23 años
Al-Masri fue arrestado el 1 de agosto de 2017 y fue doblemente acusado: primero, por incitación y apoyo a organización hostil en Facebook, violando los artículos 251 (B) 1, 3 y 4, seguido de publicaciones que incitan al terror y ponen en peligro la seguridad pública. En este cargo se detallan las publicaciones de Facebook que Al-Masri compartió desde inicios de año, incluidas las que lloran a los mártires. La fiscalía detalló el número de “Me gusta”, comentarios y veces compartida de cada publicación como un indicador del compromiso de sus amigos de Facebook con la plataforma. El segundo cargo fue ingresar a Israel sin un permiso oficial.
El tribunal militar de Salem sentenció a Al-Masri a tres meses de prisión y una multa de 2.000 NIS (unos 500 euros). Después de cumplir completamente su condena, el día de su liberación de la prisión de Naqab, 18 de octubre de 2017, el juez militar entregó a Al-Masri una orden de detención administrativa de cuatro meses. No fue interrogado por nuevos cargos, sino que recibió una orden de detención administrativa basada en material confidencial que ni Al-Masri ni sus representantes legales de Addameer pudieron ver. La naturaleza arbitraria del caso de Al-Masri destaca los peligros de la política y las prácticas israelíes con respecto a los cargos de incitación al odio y el uso de la incitación como pretexto de la detención injustificada de palestinos. La ocupación israelí podría haber entregado de inmediato a Al-Masri una orden de detención administrativa; sin embargo, lo sentenciaron deliberadamente y esperaron hasta que cumpliera su condena antes de ser puesto bajo detención administrativa sin nuevos cargos. La falta de éstos se prueba aún más con el hecho de que no se sometió a nuevos interrogatorios después de cumplir su condena. Se alegó que Al-Masri representaba una amenaza para la seguridad pública, la cual es una acusación débil que se ha utilizado hasta la extenuación en los casos de detención administrativa.
La libertad de expresión y opinión es un principio integral del derecho internacional. Los Artículos 19.1 y 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establecen que “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”, y “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección” [7] de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, el derecho a la libertad de expresión y opinión está garantizado en el artículo 9 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Caso de Savva Terentyev contra la fiscalía Rusa
El 28 de agosto de 2018, en el caso de Savva Terentyev contra Rusia (no. 10692/09), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que los comentarios en internet de Terentyev contra la policía estaban dentro de su derecho a la libertad de expresión. El tribunal también dictaminó que la condena del tribunal nacional contra Terentyev fue una violación del Artículo 10 (libertad de expresión) del Convenio Europeo de Derechos Humanos [8]. Terentyev había comentado en una publicación de su blog sobre la opresión policial, expresando su desdén por la policía corrupta y llamando a la sociedad rusa a "quemar" a los policías como un primer paso para "limpiar a la sociedad" de ellos. En marzo de 2007 se abrió una investigación en virtud de la legislación que prohíbe la incitación al odio. Más tarde, se disculpó por sus comentarios, afirmando que hizo una distinción entre oficiales de policía honestos y "policías" deshonestos y que sus llamamientos a limpiar a la sociedad de ellos habían sido una respuesta emocional exagerada a lo que él percibía como conducta abusiva de la policía. Después de llamar a testigos y analizar sus comentarios, un tribunal de primera instancia lo declaró culpable en julio de 2008 por "incitación al odio y actos violentos contra agentes de policía". Fue condenado a un año de cárcel. Después de agotar todas las vías de recurso internas, Terentyev se quejó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que su condena violaba sus derechos civiles de conformidad con el Artículo 10 sobre la libertad de expresión.
En su fallo, tras un análisis exhaustivo de los comentarios de Terentyev, el tribunal consideró que si bien su lenguaje era ofensivo e impactante, esos comentarios que pedían la limpieza de la sociedad rusa de policías no habían sido una llamada real a matar agentes de policía, ni tampoco que él pidiera tal violencia contra un oficial o agentes en particular. El tribunal también observó que no había habido enfrentamientos, disturbios contra la policía o una atmósfera de hostilidad y odio que significase que sus declaraciones podrían haber significado una amenaza real de violencia física contra los oficiales. Además, el tribunal encontró difícil considerar a la fuerza policial como un "grupo vulnerable" que requiera de un "nivel elevado de protección" contra los comentarios en redes. El tribunal continuó diciendo: "De hecho, la policía tenía que mostrar una tolerancia especial a las críticas, a menos que se enfrentaran a un discurso incendiario que pudiese conducir a la violencia inmediata contra ellos".
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que los tribunales nacionales se habían "concentrado en la forma y el carácter" de las palabras del señor Terentyev y no habían examinado el contexto general, añadiendo que los tribunales no presentaron “ninguna explicación para determinar que sus acciones habían sido un peligro para la seguridad nacional”. Al comentar sobre la decisión del tribunal nacional de primera instancia de encarcelarlo y coartar su libertad, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que una sentencia de prisión solo debe usarse en “circunstancias excepcionales cuando se trata de debates sobre temas de legítimo interés público”. En su totalidad, esta decisión muestra que la mayoría del contenido en internet no va más allá de una respuesta emocional que no pueda interpretarse razonablemente y no como amenazas de peligro inminente, siempre y cuando no se den unas circunstancias excepcionales. Por lo tanto, los masivos arrestos arbitrarios israelíes dirigidos a palestinos por publicaciones en redes son considerados una forma de castigo colectivo, así como una política opresiva arbitraria que tiene por objetivo violar el derecho del pueblo palestino a la libertad de expresión y opinión.
Proyecto de ley de 2016 para la eliminación del contenido de Internet cuya publicación constituye una infracción (Proyecto de ley “Facebook”)
El 3 de enero de 2017, la Knesset aprobó en primera lectura el llamado proyecto de ley “Facebook” que permite la eliminación del contenido en línea que incita al terrorismo. El proyecto de ley fue iniciado por la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, y el ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan [9].
El proyecto de ley permite que un representante estatal o cualquier otro empleado público puedan presentar una solicitud en el Tribunal de Asuntos Administrativos para eliminar contenido incitante constituyente de delito penal. El juez de un tribunal podrá emitir una orden que instruya a las compañías de redes sociales como Facebook, Twitter y Google a eliminar el contenido incendiario de sus sitios si el juez cree que publicar el contenido constituye un delito que puede representar una amenaza real para la seguridad de una persona o del público si no se elimina. A su vez el juez está autorizado a emitir un fallo con solo un representante del gobierno presente, privando así a la parte que publicó el contenido de su derecho a la defensa. El Artículo 10/A permite a la fiscalía presentar material confidencial al tribunal sin la presencia del acusado y sus representantes y sin revelar la naturaleza del material. Además, el Artículo 10/B otorga al tribunal pleno derecho a revisar el material y solicitar detalles adicionales si se considera necesario sin la presencia del acusado o sus representantes legales.
El 18 de julio de 2018, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu paralizó la aprobación del proyecto de ley de Facebook al posponer la segunda y tercera lectura del proyecto de ley y luego eliminarlo de la agenda de la Knesset. El periódico Yeidot Ahronot informó de una declaración del Partido Likud de Netanyahu que decía que “por temor a dañar la libertad de expresión y para garantizar el derecho de los ciudadanos israelíes a expresar libremente críticas online, el primer ministro ha pedido suspender el proceso legislativo de la ley Facebook y devolverlo a su versión y propósitos originales, evitar la incitación al terrorismo online”. La declaración agregaba que Netanyahu cree que “la versión actual del proyecto de ley permite una interpretación amplia que puede dar pie la censura de opiniones y causar graves daños a la libertad de expresión en el Estado de Israel” [10]. Por lo tanto, la decisión de Netanyahu de no aprobar el proyecto de ley fue para revisarlo y evitar infringir los derechos de los ciudadanos israelíes para incluir únicamente la definición de incitación al odio de parte de la ocupación y así atacar básicamente a los palestinos, coartar su libertad de expresión y facilitar su persecución legal.
La ocupación israelí en todos sus ámbitos libra una guerra contra la llamada “incitación”
Según el informe en inglés de Al Jazeera titulado "Censurado, vigilado: la ocupación digital de los palestinos", la política de ocupación israelí dirigida a los palestinos con respecto a sus publicaciones en las redes sociales “supera la censura”. El gobierno israelí impulsó una unidad cibernética árabe en 2015 que desarrolló algoritmos para monitorear las plataformas de redes sociales respecto a ciertas palabras clave y así descubrir publicaciones que según ellos podrían predecir la posibilidad de llevar a cabo actividades contra la ocupación [11]. Nadim Nashif, Director Ejecutivo de 7amleh, afirmó que "suponemos que hoy en día todos los usuarios de las redes sociales palestinas están bajo vigilancia israelí". También añadía que la ocupación más tarde comenzó a usar un método de perfil preventivo conocido como “vigilancia predictiva” [12]. Nashif señaló que la poeta Dareen Tatour fue arrestada por decir “resistid, mi pueblo, resistid”, convirtiendo la palabra "resistencia" en "prohibida", y constituyendo así un ejemplo de palabras o frases monitoreadas que pudieran indicar que sus usuarios llevarán a cabo actividades contra la ocupación [13].
La administración Facebook: dualidad en la implementación de estándares y políticas
La ministra de Justicia israelí, Ayelet Shaked, y el ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, se reunieron con ejecutivos de la empresa Facebook en 2016 y acordaron establecer equipos conjuntos que trabajen para facilitar la cooperación contra lo que denominaron "incitación on-line". A la reunión asistió Joel Kaplan, vicepresidente de Global Public Policy y Monika Bickert, directora de política de productos y lucha contra el terrorismo de Facebook [14]. Erdan declaró: "Facebook y las empresas de Internet tienen una responsabilidad con respecto al contenido que fomenta la incitación y el terror, y deben trabajar activamente para monitorearlo" [15].
En un discurso antes de la 16ª Cumbre Mundial del Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo, Shaked dijo que entre mayo y agosto de 2016, el gobierno israelí presentó 158 solicitudes a Facebook para eliminar contenido que consideraba "incitación". Facebook ejecutó un 95% de las solicitudes y eliminó esas publicaciones. El gobierno también solicitó a YouTube, propiedad de Google, que elimine el contenido publicado; YouTube cumplió con el 80% de las solicitudes [16].
Facebook hace la vista gorda ante la incitación sistemática contra los palestinos en su plataforma. Hay aproximadamente 50.000 usuarios israelíes de Facebook, cada uno de los cuales ha compartido al menos una publicación que incita contra los palestinos en 2017 [17]. Los ejemplos de publicaciones incitantes que piden el asesinato de palestinos y que incitan a los israelíes a ejercer violencia contra ellos son incontables. Todo esto a pesar de que estos ejemplos se enmarcan en lo que estipula el Artículo 12 de los estándares de la comunidad de Facebook como discurso de odio [18].
Conclusiones y recomendaciones:
- El arresto y la persecución legal de activistas palestinos en las plataformas de redes sociales se ha convertido en una táctica deliberada de la ocupación que ha desarrollado nuevas políticas y enfoques para llevar a cabo arrestos destinados a oprimir y coartar el derecho de los palestinos a la libertad de expresión. Estas prácticas hacen que los palestinos se sientan abrumados, confinados y bajo vigilancia en todo momento. La ocupación criminaliza deliberadamente todo discurso y crítica dirigida contra ella y orienta sus políticas en un intento de vincular un argumento o crítica opuesta a actos de terrorismo.
- Facebook y otras redes sociales operan dentro del ciberespacio, el cual no necesariamente refleja la realidad o el verdadero estado emocional de sus usuarios y, por lo tanto, no puede usarse como justificación para infracciones de derechos. Equiparar el contenido en línea con la acción de la vida real en los tribunales israelíes es un procedimiento puramente arbitrario: una comparación entre acciones en la realidad y las palabras en una pantalla es una comparación falsa e injusta.
- El proyecto de ley de Facebook, si se modifica y se aprueba en la Knesset, representa una grave amenaza y refleja una ley racista del estado-nación judío. El proyecto de ley socava principalmente los principios del derecho a un juicio justo al expandir el poder de la autoridad ejecutiva para monitorear las publicaciones de los individuos palestinos, privarlos de su derecho a representación legal y proporcionar una cobertura legal de estas prácticas con el pretexto de ser material confidencial. El proyecto de ley coincide con arrestos masivos contra palestinos por cargos de incitación al odio relacionados con publicaciones compartidas en redes sociales.
- Facebook debe cumplir con los criterios de objetividad, así como no debe priorizar los intereses políticos sobre los principios de igualdad de trato hacia sus usuarios. Facebook debe adherirse a los principios de imparcialidad y legalidad, no debe ejercer prejuicios en su trato con los usuarios, y también debe trabajar dentro de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 2011.
- Addameer recomienda a la comunidad internacional, y en particular al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, que responsabilice al gobierno israelí por las políticas que violan los derechos contra el pueblo palestino, especialmente dado que Israel ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.
- La comunidad palestina, sus instituciones de la sociedad civil, activistas de derechos humanos y abogados deben oponerse a este fenómeno y luchar contra él en los tribunales, particularmente con los precedentes de duras sentencias y elevadas multas. La comunidad en su conjunto también debe hacerse oír y reiterar que los arrestos en relación con la libertad de opinión y expresión son injustificados y arbitrarios.
*Nota del Traductor: El delito de incitación al odio en el ámbito hispanohablante se corresponde con el de “incitement” en el angloparlante. Por consiguiente, los contenidos de los diferentes documentos legislativos y jurídicos pueden variar ostensiblemente de un ámbito a otro. En la traducción de este artículo se ha tratado de trasmitir esa mayor amplitud en la definición anglosajona que se aplica en la legislación israelí.
[1] El informe conjunto anual de 2017 sobre las violaciones israelíes de los derechos de los detenidos palestinos, página 11. Vale la pena señalar que la cifra es un número aproximado que incluye a personas que no han sido arrestadas primeramente por sus publicaciones en plataformas de redes sociales y, sin embargo, más tarde se presentaron cargos contra ellos en relación con su presencia en las redes sociales.
[2] https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/073_002.htm
[3] Entrevista telefónica con Dareen Tatour el 11 de noviembre de 2018
[4] Índice de racismo e incitación de 2017 en las redes sociales israelíes de 7amleh: https://7amleh.org/2018/03/05/7amleh-releases-new-racism-index-exposing…
[5] https://www.nevo.co.il/law_html/Law65/666_027.htm
[6] Para más casos, consulte el informe anual de Addameer sobre las violaciones de los derechos de los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes 2017
[7] Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas - Sesión 38 del 7 al 18 de junio de 2018.
[8] Savva Terentyev v. Russia (no. 10692/09). Ver fallo completo:
https://www.ddikastes.gr/sites/default/files/article_files/CASE%20OF%20…
[9] Ver en: https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_ls1_365358.pdf
[10] Yediot Ahronot sitio web:
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5312288,00.html publicado el 18 de Julio de 2018 at 15:23
[11] https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Kmy7DNAV6RU&app=desktop
[12] Esto se conoce como “vigilancia policial”
[13] Ibídem.,
[14] Times of Israel sitio web: https://www.timesofisrael.com/israel-facebook-to-set-up-joint-anti-incit... publicado a las 3:56pm del 12 de Septiembre de 2016
[15] Ibídem.,
[16] Yediot Ahronot sitio web: https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4853768,00.html publicado el 12 de Septiembre de 2016
[17] Ibídem.,
[18] El artículo 12 de los estándares de la Comunidad de Facebook define el odio como "un ataque directo a las personas basado en lo que llamamos características protegidas: raza, origen étnico, origen nacional, afiliación religiosa, orientación sexual, sexo, género, identidad de género y enfermedades graves o discapacidad."